Ante la elección del próximo 1 de junio, en la que se renovarán cargos dentro del Poder Judicial en México, organizaciones de la sociedad civil han lanzado una campaña de denuncia denominada “Antiboletas”, con el objetivo de visibilizar a candidaturas con antecedentes de violencia, principalmente contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.
El mecanismo, impulsado por la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas A.C. (ADIVAC), consiste en la publicación de perfiles de personas aspirantes a cargos judiciales que cuentan con expedientes abiertos por violencia familiar, incumplimiento en el pago de pensión alimenticia o que han sido señaladas por violencia institucional.
Desde su cuenta de Facebook, la organización difundió información sobre candidaturas cuestionables, para alertar a la ciudadanía sobre sus antecedentes. En su mensaje, ADIVAC subrayó que esta elección es histórica, al tratarse de la conformación de una de las instituciones clave para la impartición de justicia en el país.
“Como ciudadanía, es nuestro derecho y responsabilidad votar con memoria y conciencia. No olvidemos quiénes han actuado de espaldas al pueblo, quiénes han fallado en proteger los derechos humanos de las mujeres, quienes han sido cómplices u omisos ante la violencia vicaria, quienes han puesto en riesgo a niñas, niños y adolescentes o han respondido a intereses particulares. La justicia no puede estar en manos de quienes no tienen la calidad ética para representarla”, puntualizaron.
Entre los perfiles señalados se encuentra Luz Gabriela Herrera Pacheco, jueza de distrito en Oaxaca, a quien acusan de encubrir a agresores y violentar a mujeres e infancias. La denuncia cobra relevancia en un estado como Oaxaca, donde los índices de violencia de género se mantienen en niveles preocupantes y la exigencia de acceso a la justicia con perspectiva de género ha sido constante por parte de colectivas feministas y defensoras de derechos humanos.
También aparecen nombres como el de David Cerda, exasesor del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y Eduardo Rafael del Morán Rincón, magistrado en materia familiar en la Ciudad de México, señalado como violentador institucional de mujeres.
Con estas denuncias, las organizaciones buscan generar conciencia en el electorado sobre la importancia de elegir perfiles con integridad ética y compromiso con los derechos humanos, sobre todo en un ámbito tan sensible como el judicial.
