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Comunidad cristiana protesta en contra de la intolerancia religiosa

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Foto(s): Emilio Morales Pacheco
Citlalli López Velázquez

Este jueves, integrantes de la Iglesia Cristiana Interdenominacional realizaron una jornada de oración y también de exigencia al gobierno estatal para que atienda el conflicto de intolerancia religiosa que desplazó a 13 personas de cuatro familias chinantecas en Cerro Cajón, ranchería de San Juan Lalana. 

Azael Ramírez Miguel, pastor presbiterial y representante legal de la iglesia cristiana interdenominacional en el estado de Oaxaca señaló que hay una serie de violaciones a derechos humanos y delitos cometidos contra las cuatro familias cristianas, entre los que destaca privación ilegal de la libertad, abigeato y robo.

Durante la rueda de prensa Nemecio Salinas Pacheco, pastor presbiterial adjunto de la iglesia cristiana interdenominacional y Porfirio Flores, apoderado legal de la cofraternidad de pastores de Oaxaca, reprocharon la actuación del personal de la Secretaría de Gobierno quienes no han dado la importancia a este conflicto.

 

 

Actualmente las 13 personas desplazadas fueron refugiadas en Tuxtepec con familiares y personas de la iglesia cristiana.

“Nosotros pedimos ya que nos atienda el Secretario General de Gobierno porque los que nos han atendido no han hecho lo que deben de hacer. Estamos abiertos al diálogo: sí, pero creemos que ya debe ser con una autoridad superior para llegar a un acuerdo y acciones en donde firmemos una minuta”.

Previo a la conferencia de prensa los manifestantes realizan oraciones para que el conflicto de intolerancia religiosa se resuelva de manera pronta.

 

 

DDHPO emite medida cautelar

Este día la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió medidas cautelares en las que llama al Secretario de Gobierno y al presidente de San Juan Lalana realicen acciones conjuntas para salvaguardar los derechos de las personas desplazadas y brinden condiciones de seguridad para que las personas afectadas habiten y pernocten el tiempo que sea necesario en un alojamiento alternativo, en tanto se crean las condiciones suficientes para que éstos puedan volver a sus hogares.

 

 

A la Fiscalía de Oaxaca pidió girar instrucciones para que de manera inmediata se les brinden a los agraviados, en su calidad de probables víctimas de delito, las medidas de ayuda, asistencia, atención, protección y rehabilitación a que haya lugar, en tanto se investigan los hechos denunciados, que incluyan un lugar de alojamiento alternativo que cuente con las condiciones de estancia digna.

El órgano defensor de derecho humanos consideró que se presentaron violaciones a los derechos a la dignidad, a la libertad (física y de culto), a la integridad y seguridad personal y a la propiedad.

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