La 65 Legislatura exhortó al fiscal general del estado, José Bernardo Rodríguez Alamilla, que investigue la probable comisión de delitos cometidos por particulares, notarios públicos, servidores públicos de Catastro y del Instituto de la Función Registral del Estado, con la finalidad de despojar de terrenos en posesión del Comité de Vida Vecinal de la Colonia del Maestro, pues el caso presenta el mismo modus operandi utilizado por el llamado “Cartel del Despojo”.
El dictamen elaborado por la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, que preside la diputada Lizett Arroyo Rodríguez, aprobado por mayoría de votos, señala que en reunión sostenida con ciudadanos del Comité de Vida Vecinal de la Colonia del Maestro, expusieron su preocupación debido a que con la misma forma de operación utilizada por el Cártel del Despojo, particulares apoyados por servidores públicos pretenden despojar a esta colonia de un predio que han venido conservando y que por acuerdo vecinal se le ha destinado como espacio deportivo.
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— Zona Roja Oaxaca (@ZonaRoja_Oaxaca) February 8, 2023
Con 26 votos, el pleno del @CongresoOaxaca_ aprobó un exhorto dirigido a la @FISCALIA_GobOax, para que indague una denuncia relacionada probablemente con el llamado “cártel del despojo” en la capital oaxaqueña. pic.twitter.com/XwlyDggyjM
Agrega que particulares han declarado ser legítimos propietarios de ese predio amparándose en una escritura carente de antecedentes registrales, por lo que se presume pueda ser apócrifa.
Indica que derivado de las diversas denuncias presentadas por este tipo de conductas que afectan a los ciudadanos, la comisión dictaminadora considera que ante la prioritaria y continua regularización de la tenencia de la tierra, y dentro del marco jurídico que nos rige, el Estado tiene la obligación de sancionar las conductas que infrinjan la legítima posesión.
“Consecuentemente el estado también tiene el deber de prevenir los delitos y sancionarlos, en otras palabras, los tres poderes públicos del estado no deben permitir, en ningún momento, que un acto ilícito perdure derivado de una investigación y enjuiciamiento no diligentes, pues es ilegítimo que quien es acusado de despojo continúe manteniendo la posesión del objeto que originó el delito o se quede sin enfrentar las sanciones de su conducta antijurídica”, culmina.
