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Cártel del despojo alteró sellos y firmas con sustancias corrosivas

Foto(s): Cortesía
Luis Ignacio Velásquez

La Dirección de Notarías, dependiente de la Consejería Jurídica, detectó que las firmas y sellos de los protocolos de notarios públicos ya fallecidos, fueron alterados con sustancias corrosivas para asignar propiedades inmobiliarias a funcionarios públicos de primer nivel de la pasada administración, en una forma más de operar del denominado Cártel del Despojo.

En conferencia de prensa, el consejero jurídico Giovany Vásquez Sagrero señaló que se dio vista a la Fiscalía Anticorrupción, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, para que investiguen los hechos y se finquen las responsabilidades a quienes hayan cometido este ilícito.

Indicó que se están recopilando todos los libros notariales para resguardarlos, ya que, incluso, los consejeros jurídicos de la Ciudad de México y Puebla acordaron una colaboración institucional con la consejería jurídica estatal, porque recurrentemente tienen problemas de notarios en Oaxaca que actúan en la capital del país o el estado vecino, o bien actuaron en Oaxaca, dando fe de la compra venta de inmuebles en la Ciudad de México, donde a la postre terminan en denuncias por despojo.

Abundó: “Me pidieron la colaboración porque la anterior administración se cerró a dar la información o a colaborar con ellos, pese a tener requerimientos constantes vía exhorto por parte de autoridades juridiciales, para que dieran información sobre este tipo de ilícitos”.

Modus Operandi

Al dar a conocer el modus operandi de grupo delictivo en que participaron servidores públicos, notarios, familias de exfuncionarios, sindicatos y delincuencia organizada, explicó que estas personas buscaban propiedades de alto valor abandonadas o con indefinición respecto a la propiedad con información obtenida en la Consejería Jurídica, a través del Instituto de la Función Registral, coludidos con ayuntamientos y funcionarios del Registro Civil.

Después invadían el predio para argumentar derecho sobre la propiedad, como sucedió en la exfábrica de Triplay. 

Destacó que para apropiarse de los predios o casas se ejercía violencia física, extorsión, daños e, incluso, homicidios; y en el caso de los servidores públicos, se cometía el delito de ejercicio indebido de la función pública.

Dijo que los nuevos dueños de los bienes inmuebles obtuvieron escrituras de terrenos con fechas retroactivas, “pero la Dirección de Notarias ya está dando vista y se dio la primera a la Fiscalía Anticorrupción, porque algunos libros notariales fueron alterados; de hecho, es constante esta actuación. Las últimas hojas de los libros de notarios fallecidos, es donde hemos estado encontrando este tipo de alteraciones con materiales corrosivos y algunos funcionarios de la pasada administración, de muy alto nivel, son los que aparecen como beneficiarios de estas escrituras alteradas”.

Comentó que por eso las fiscalías estatal y federal han presentado mayores requerimientos en el Registro Civil, Catastro y Registro Público de la Propiedad, pero no están exentos los notarios. 

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