Los derechos humanos en el estado de Oaxaca enfrentan una condición crítica: alto índice de agresiones a personas defensoras de derechos humanos; discriminación y violencia hacia la comunidad LGBTTTIQ+; falta de medicamentos; criminalización de la protesta social, además de diversas violaciones al derecho a un medio ambiente sano.
Lo anterior fue señalado por 33 organizaciones de la sociedad civil durante la presentación del informe Situación sobre el respeto y el ejercicio de los derechos humanos en el estado de Oaxaca. Entre las organizaciones participantes se encuentran Alianza Cívica Pinotepa A.C., Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, Centro de Acompañamiento a Migrantes A.C. (CAMINOS), Centro de Apoyo para la Creación y Creatividad Calpulli A.C., y el Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto” A.C., entre otras.
Aclararon que su intención no es confrontar al gobierno estatal, sino generar propuestas para hacer de Oaxaca un lugar donde se pueda vivir con dignidad.
Neftalí Reyes Méndez, integrante de Educa Oaxaca, destacó que en materia de defensa de derechos humanos, Oaxaca ocupa el primer lugar a nivel nacional en agresiones y asesinatos.
“En el monitoreo realizado de 2018 a 2023, encontramos que en el país fueron asesinadas 225 personas defensoras, de las cuales 58 eran de Oaxaca. Esto habla de una situación grave. Además, hay seis personas defensoras desaparecidas”, señaló.
La situación se agrava considerando que en el 95 % de los casos, las víctimas pertenecían a pueblos indígenas y defendían el derecho a la tierra, el territorio, o derechos civiles y políticos. Cerca del 95 % de estos casos permanecen en la impunidad, sin avances en materia de procuración de justicia.
Sobre el derecho a la diversidad sexual, reportaron que entre 2024 y 2025 se documentaron 11 casos de violencia, según datos del Observatorio de Crímenes de Odio y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. El 85 % de las personas trans reportaron haber sufrido violencia física, psicológica o sexual. Esta violencia y discriminación ha sido una constante, incluyendo hacia la comunidad muxe, con presencia importante en el Istmo de Tehuantepec.
En cuanto al derecho a la salud, alertaron sobre el grave deterioro del sistema estatal de salud. En enero de 2025, el Hospital Civil de Oaxaca "Dr. Aurelio Valdivieso" suspendió cirugías y atención de urgencias quirúrgicas debido a una crisis hospitalaria provocada por la falta de insumos, material de curación, medicamentos y servicios integrales, lo que derivó en la negación del acceso a servicios básicos de salud.
Respecto al derecho a un medio ambiente sano, informaron que en 2024, el 70.4 % de los municipios de Oaxaca enfrentaron condiciones de sequía severa o extrema (162 con sequía severa y 44 con sequía extrema).
Denunciaron también la falta de información ambiental sobre los impactos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, particularmente en temas de uso de agua, manejo de residuos, electricidad y drenaje. Asimismo, alertaron sobre la presencia de concesiones mineras: hasta 2020, se mantenían vigentes 294 concesiones en Oaxaca, que representan más de 300,000 hectáreas de territorio concesionado, provocando despojo de tierras y debilitamiento del tejido social y comunitario.
El informe concluye con un pliego de diez recomendaciones-exigencias, entre las que destacan:
La restitución y justicia para las personas defensoras del territorio asesinadas o desaparecidas. La creación de un diseño institucional que erradique de forma inmediata, desde lo jurídico, procedimental y presupuestal, la situación de inseguridad que enfrentan las y los defensores. Que las personas operadoras del sistema de justicia actúen con apego al principio de igualdad, eliminando prácticas clasistas, racistas y otras formas de discriminación relacionadas con género, discapacidad, cultura, identidad, racialización y cualquier forma de asimetría de poder en los procesos judiciales.
