La aprobación por unanimidad de la reforma sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano en el Senado de la República, constituye una decisión histórica porque surge del consenso de todas las fuerzas políticas del país, afirmó el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.
“Es un hecho inédito y un acto de justicia elemental para resarcir la deuda histórica con los pueblos del México profundo”, aseveró.
El funcionario sostuvo que la reforma constitucional surgió de un amplio proceso de diálogo y consulta con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para así conocer su sentir y sus propuestas.
“La reforma posee una gran legitimidad social y política”, aseguró.
Por eso, expuso que la reforma constitucional revierte la discriminación histórica sufrida por los pueblos indígenas y afromexicanos del país.
“Con esto, se refunda un México donde quepamos todos, a partir de la grandeza cultural y la pluralidad de nuestra nación”, agregó.
Además, subrayó que la piedra angular de la reforma constitucional es el reconocimiento de las comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
De este modo, las comunidades indígenas y afromexicana podrán recibir presupuesto público, ejercerlo y cumplir obligaciones correlativas.
Aparte de esto, la reforma constitucional contempla instituir el derecho de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, para proteger los derechos, bienes y valores de las comunidades originarias, cuando se pretendan adoptar medidas legislativas y administrativas, donde se puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno.
Regino Montes dijo que la reforma constitucional significa un rompimiento con las políticas homogeneizadoras del neoliberalismo, lo cual es un paso crucial en el proceso de reconciliación nacional, para convertir a México en una casa para todas y todos.
