La difusión de contenido íntimo de menores de edad es un tema que ha sido denunciado por organizaciones en Oaxaca, el caso más reciente, se suscitó en noviembre del 2025 cuando el Colectivo DLR, -reconocido en Oaxaca por su labor contra la violencia digital desde 2020-, emitió una alerta dirigida a madres, familiares, comunidad escolar y ciudadanía en general.
El grupo informó haber detectado un espacio en internet en el que se comparten fotografías y videos de menores de edad provenientes de distintas secundarias del estado.
Según su publicación, el material habría sido distribuido en algunos casos por adultos cercanos a las alumnas, lo que agrava la preocupación por posible abuso de confianza y difusión no consentida de contenido íntimo.
DLR señaló que entre las escuelas mencionadas aparecen la Técnica 1, Técnica 6 y la Federal 2, aunque subrayan que la investigación continúa y que la información se basa en material localizado dentro de la red que monitorean.
Este caso detonó una iniciativa legislativa que busca endurecer las sanciones contra quienes cometan este tipo de delitos, en un contexto donde la violencia digital muestra un crecimiento sostenido y preocupante en la entidad.
Desde tribuna, la diputada Clarissa Bornios Peláez, propuso reformar el artículo 249 del Código Penal de Oaxaca para aumentar las penas por la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, pasando de un rango actual de cuatro a ocho años de prisión, a uno de seis a diez años.
La iniciativa contempla agravantes cuando los responsables sean padres, madres o tutores; cuando el delito sea cometido por exparejas como forma de venganza; o cuando las víctimas pertenezcan a pueblos indígenas o afromexicanos, sectores históricamente vulnerados.
La propuesta legislativa también plantea reconocer de manera explícita que estos delitos pueden cometerse a través de plataformas digitales, comunidades virtuales y aplicaciones de mensajería instantánea.
Además, busca la creación de un artículo 250 Bis que obligaría a la Policía Cibernética a dar aviso inmediato a la autoridad ministerial al detectar posibles conductas ilícitas en línea, fortaleciendo así la capacidad de reacción institucional frente a estos casos.
De acuerdo con cifras del INEGI, en 2024, al menos el 22 por ciento de las mujeres usuarias de internet en México fue víctima de algún tipo de agresión digital, lo que equivale a más de nueve millones de afectadas.
Las jóvenes entre 18 y 30 años concentran la mayor incidencia; sin embargo, especialistas advierten que niñas y adolescentes enfrentan riesgos aún mayores debido a su exposición temprana a redes sociales y a la falta de mecanismos efectivos de protección.
En Oaxaca, organizaciones civiles y colectivas feministas han documentado un incremento en denuncias por violencia digital y difusión de contenido íntimo sin consentimiento, especialmente en municipios de Valles Centrales y la región del Istmo.
A nivel internacional, organismos como la ONU han advertido que la violencia digital es una de las formas de agresión con mayor crecimiento en los últimos años, al combinar el anonimato, la rapidez de difusión y el difícil control de los contenidos.
En este contexto, la legisladora subrayó que detrás de cada estadística hay historias de daño profundo: niñas y adolescentes cuya intimidad ha sido vulnerada, generando afectaciones emocionales, sociales y familiares de largo alcance.
La discusión de esta iniciativa ocurre en medio de una creciente presión social para actualizar el marco legal y garantizar que los delitos cometidos en entornos digitales no queden impunes, especialmente cuando las víctimas son menores de edad.
Colectivos y especialistas coinciden en que el endurecimiento de penas debe ir acompañado de estrategias de prevención, educación digital y fortalecimiento institucional para atender de manera integral esta problemática.
