CIUDAD DE MÉXICO.- Fonatur y Camino Real ampliaron el contrato de operación del ex convento de Santa Catalina de Siena, en Oaxaca, como parte de la cadena hotelera Quinta Real, por cinco años más.
Desde el año 1994 Fonatur y Hoteles Camino Real firmaron un contrato de prestación de servicios de administración y operación del inmueble, que fue edificado en 1576.
El año pasado, el Fondo obtuvo una utilidad de 22 millones de pesos de este convenio por concepto de rentas que paga el grupo hotelero.
Cabe destacar que los ingresos por la operación de dicho inmueble, que cuenta con 91 habitaciones, se han ido incrementando en los últimos tres años y ascendieron a 78.2 millones de pesos, en 2016.
"El INAH ha dado su opinión favorable para que este grupo hotelero pudiera continuar por un tiempo más la operación del inmueble. Traen buenos números, ellos pagan una renta a Fonatur y se determinó con base en esas características, de buen mantenimiento del inmueble y por las acciones de restauración que el INAH ha solicitado y que se lleven a cabo por parte de este grupo hotelero", explicó Miguel Alonso Reyes, director de Fonatur.
Fonatur es custodio de este inmueble histórico y ha dado en concesión la operación de este hotel por los últimos 12 años a Camino Real. En tanto que el INAH únicamente supervisa las remodelaciones del inmueble que corren a cargo del grupo hotelero.
Miguel Alonso Reyes explicó que el área de finanzas de Fonatur hace una revisión de los ingresos y egresos del hotel y a partir de ahí se calcula la renta que el grupo hotelero debe pagar a Fonatur.
Oposición de Francisco Toledo
En 2014, el pintor Francisco Toledo en una carta que dirigida entonces al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Héctor Gómez Barraza, demandó que el edificio histórico “vuelva a ser patrimonio de los mexicanos".
De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación de ese año se aprobó una inversión de 18.7 millones de pesos en obras de restauración del exconvento de Santa Catalina de Siena.
Hace cuatro años, Francisco Toledo e integrantes del Patronato Pro-Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Oaxaca (ProOax), exigió al gobernador, Gabino Cué hacer público el proyecto de remodelación del exconvento.
Aprovechando el momento, las entonces diputadas Martha Escamilla, Alejandra García Morlan y Rafael Arellanes, integrantes de Comisión de Cultura de la 62 Legislatura del estado se comprometieron a buscar la restitución del edificio, en vano.
Las utilidades del complejo hoteleros son a favor del grupo hotelero y el uso de las instalaciones genera un costo para oaxaqueños o ciudadanos.
De acuerdo con reportes periodísticos, ProOax afirmó que el edificio ha tenido modificaciones pagadas con dinero público, “es administrado por una cadena comercial que obtiene beneficios económicos”, argumentó.
