Una representación de 16 comunidades zapotecas de los Valles Centrales, perteneciente a la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda), clausuró ayer de manera simbólica las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (CNA), para protestar por el incumplimiento de los acuerdos suscritos el 12 de octubre del año pasado.
El presidente suplente del Consejo Directivo de ese organismo, Juan Cruz Luis sostuvo que la inobservancia de los acuerdos firmados representa un grave retroceso en la consulta indígena iniciada hace 5 años, porque lesiona gravemente los derechos de pueblos y comunidades campesinas, al mostrar un trato discriminatorio y clasista, mintiendo y retomando con ello, la esencia neoliberal, heredada de la fallida Ley Korenfeld, impulsada por la directora de la Conagua, Blanca Jiménez Cisneros.
Explicó que la directora de la Conagua, junto con otros representantes del gobierno federal, firmó los acuerdos en San Antonino Castillo Velasco, para lograr la armonización de leyes y tratados internacionales para reconocer los derechos territoriales de las comunidades y la participación de las comunidades en la administración del agua subterránea a través de reglamentos internos comunitarios.
Además, observó que los acuerdos también incluyen la obligación de la Conagua en la emisión de normas para reconocer los derechos territoriales y en la creación de la figura de concesión colectiva otorgada a las comunidades.
Aparte de esto, mencionó que los acuerdos contienen la obligación de la Copuda para seguir realizando obras de captación de agua y el trabajo coordinador para implementar acciones en favor del cuidado del agua y el mejoramiento del sistema de riego, a fin de asegurar el aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos.
Destacó que las comunidades y pueblos han dado cumplimiento a los acuerdos para enfrentar la sequía, así como los efectos derivados de la mala gestión de los recursos hídricos, la visión mercantilista y por supuesto, el cambio climático.
Ante esto, demandó una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para exponer su caso y solicitar el reconocimiento de su legítimo derecho como pueblos y comunidades indígenas a participar en la administración y cuidado del agua en sus territorios.
También, exigió a la directora general de la Conagua una respuesta por escrito sobre la aceptación o rechazo del proyecto de nuevo decreto y zona reglamentada, porque las observaciones de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, han sido turnadas a esa institución.
