Como una estrategia que permita que el trabajo cotidiano de mujeres y hombres se desenvuelva satisfactoriamente y sus resultados se vean reflejados en el desempeño y productividad, el Poder Judicial del Estado trabaja en el proyecto de un Protocolo para la prevención y atención de la violencia y la discriminación en los espacios laborales, que se tiene programado implementar al interior de la institución.
Conjuntamente con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO México y la organización civil Equis Justicia para las Mujeres, se integra el documento que constituirá una herramienta de apoyo tanto para quienes tienen a su cargo la prevención y atención de casos de discriminación y/o violencia en el ámbito laboral, así como quienes forman parte del personal que presta sus servicios en el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura.
Al respecto, la titular de la Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado, maestra Sheila Sánchez López explicó que el deber de la prevención en materia de violencia de género surge como una obligación que tiene el Estado de garantizar que a ninguna persona se afecte dentro de su esfera jurídica y de derechos humanos.
En el caso del Poder Judicial del Estado que preside el magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, agregó, se impulsan diversas políticas institucionales en esta materia; sin embargo, resaltó que no basta con implementar programas y estrategias, sino que son necesarias acciones integrales con un enfoque diferenciado, es decir bajo principios de igualdad y no discriminación.
En entrevista, mencionó que las sinergias con asociaciones civiles como Equis Justicia para las Mujeres, que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea han permitido generar diversos instrumentos como es el caso del Protocolo para la prevención y atención de la violencia y la discriminación en los espacios laborales del Poder Judicial.
Resaltó que también se avanza en un proyecto piloto para reforzar la emisión de órdenes de protección, que abarca ejes como el fortalecimiento de actitudes y capacidades teóricas y prácticas de las personas impartidoras de justicia, una guía para la atención de dichas órdenes y la difusión de sus alcances, principalmente en comunidades indígenas.
