El acuerdo de Cabildo del 22 de octubre de 2008 del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, en el que se prohibía conceder más permisos para comercio en la vía pública fue un error, pues provocó un incremento de los comerciantes, afirmó Luis Arturo Ávalos Díaz Covarrubias, regidor de Comercio en la Vía Pública.
Señaló que aunque ese acuerdo pretendía aminorar el incremento de comercio en las calles del primer cuadro de la ciudad, donde está prohibido por el Plan Parcial del Centro Histórico, provocó que actualmente haya más de 2 mil comerciantes trabajando y comprando espacios en la ilegalidad.
Compartió que son más de 30 organizaciones y particulares quienes están al frente de estos comerciantes y que gracias a acuerdo políticos con administraciones pasadas tanto estatales como municipales han podido permanecer en varios puntos de la ciudad.
El regidor estimó que hasta 2008 se emitieron alrededor de mil permisos para que los comerciantes pudieran trabajar en las calles de la capital; no obstante, en 2013 se violó el acuerdo otorgando permisos que actualmente no forman parte del padrón del municipio; esto quiere decir que también son puestos irregulares.
“Se han encontrado con números de cuenta que no cumplen con procedimientos legales para otorgarles ese permiso y así emitir su pago”, señaló además de que han revocado alrededor de 500 permisos.
Inicio de la ilegalidad
El funcionario subrayó que contrario a lo que se esperaba con la aprobación del acuerdo, el comercio en la vía pública o también llamado ambulantaje, incrementó, ya que aunque los ciudadanos se han acercado a solicitar los permisos, no se les puede otorgar por un punto señalado en el reglamento.
“La gente dice: ‘si el municipio no da permiso, allá afuera sí’ y lo hemos visto en redes sociales que hay gente malintencionada que no pertenece a ninguna organización ni tiene autoridad alguna que oferta espacios en las calles hasta en 200 mil pesos y la gente los compra creyendo que estarán en la ilegalidad”, lamentó.
Resaltó que debido a que la ciudadanía desconoce el reglamento, se le ha hecho más fácil que un gestor resuelva el problema de no conseguir un permiso, por lo que les terminan haciendo cobros ilegales y creen que tienen la certeza jurídica para mantenerse; no obstante, llega la autoridad y los retira.
Arturo Ávalos compartió que un comerciante con permiso paga anualmente alrededor de mil 500 pesos por mantenerse en su espacio, esto dependiendo del tipo de puesto y tamaño, mientras que de acuerdo con comentarios de comerciantes irregulares, llegan a pagar hasta 200 pesos al día por el lugar que les ofrecen.
“Como autoridades hemos orillado a los comerciantes a vivir en la ilegalidad debido a esa prohibición”, admitió.
Revocar el acuerdo, la solución
El funcionario compartió que la solución para eliminar algunos vicios del ambulantaje es revocar el punto de acuerdo de 2008, el cual espera compartan los demás concejales, pues mientras este siga vigente, las personas seguirán trabajando en la ilegalidad.
Detalló que este acuerdo abarca todo el territorio capitalino, aunque se hizo pensando en el Centro Histórico debido a que es Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, en la que se prohíbe el ambulantaje únicamente que el primer cuadro de la capital.
"Si hay una persona vendiendo afuera de su casa, no afecta el Centro Histórico, pero este acuerdo no analizó previamente estas cuestiones", recalcó.
Luis Arturo Ávalos abundó que el Reglamento de Comercio en la Vía Pública señala que no se permiten puestos sobre el paso peatonal ni en las calles cercanas al zócalo capitalino, además de que los vecinos donde se colocará el comerciante deben estar de acuerdo con la instalación.
"Por ello, mientras se cumplan estos puntos, no hay porqué tener problemas con los inspectores, pero por lo mismo que sin irregulares, hay conflictos", relató.
Aunque informó que el municipio tiene el registro de alrededor de 3 mil 980 comerciantes en la vía pública, admitió que se desconocen si estos todavía viven y si están al corriente de sus pagos de anualidad.
Asimismo, destacó que el último censo que se tiene es de 2019 en el que aparecen alrededor de mil 700 comerciantes pertenecientes a las 9 organizaciones sociales, pero no se tienen contabilizados los irregulares.
Ambulantaje, única alternativa de supervivencia
El regidor señaló que el estado, al no contar con industrias o empresas para generar empleos permanentes, sólo le queda vivir del turismo y comercio, además de que alrededor del 60 por ciento de los capitalinos viven en pobreza, por lo que la única opción es vender mercancías que muchas veces son ilegales.
“Aunado a esto, se les prohibe hacer esta actividad y abre la puerta a la ilegalidad, ese es el error que se cometió en 2008. Hemos sido responsables de la ocupación de calles del Centro Histórico donde un reglamento nos prohíbe instalar un comerciante”, puntualizó.
