La Coordinación por la Libertad de Personas Defensoras Criminalizadas denunció que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) no ha asumido con seriedad las recomendaciones internacionales para dar con el paradero del abogado y defensor de los derechos humanos, Ernesto Sernas García.
En su representación, la directora adjunta del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Yésica Sánchez Maya expuso que la desaparición forzada de la víctima, sucedida el 10 de mayo de 2018, ha motivado llamados reiterados de organismos internacionales, desde el Comité contra las Desapariciones Forzadas, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y de cuatro relatores especiales de la ONU, por la falta de avances en las investigaciones y el incremento de la violencia contra personas defensoras.
Expuso que el Estado Mexicano, en particular de la FGEO, ha desestimado estas preocupaciones y recomendaciones internacionales, porque en sus respuestas proporciona información escueta y descalifica la hipótesis de desaparición forzada como consecuencia de la labor de defensa de derechos humanos.
Además, observó que tampoco ha contemplado algún plan de búsqueda y mucho menos ha hecho la búsqueda en vida del desaparecido.
“A más de dos años de la desaparición forzada del defensor de derechos humanos se sigue sin contar con información alguna sobre su paradero”, asentó.
De esta manera, demandó a la FGEO asumir con seriedad sus obligaciones internacionales y dé seguimiento a las recomendaciones recibidas por el caso, así como se garantice la participación en todo momento de sus familiares, de integrantes de la Corriente del Pueblo Sol Rojo y de coadyuvantes en la investigación y búsqueda.
Aparte de esto, requirió que presente e implemente de manera inmediata un plan exhaustivo de búsqueda para dar con el paradero del defensor de derechos humanos e investigue de forma prioritaria la desaparición forzada como represalia por su la labor.
Era catedrático
Al momento de su desaparición, Ernesto Sernas García se desempeñaba como catedrático de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y también representaba a 23 integrantes de la organización Corriente del Pueblo Sol Rojo, que habían sido arbitrariamente criminalizados.
