En plena conmoción mundial por el asesinato en Minnesota del hombre afroamericano George Floyd, en México ocurrió un caso similar que no recibió tanta atención mediática: Giovanni López, un albañil de 30 años, fue asesinado por los policías que lo detuvieron en el municipio de Ixtlahuacán el pasado 25 de mayo por supuestamente incurrir en una “falta administrativa” que las autoridades hasta el momento no han querido aclarar.
El caso cobró relevancia hasta que se difundió el video de la detención en las redes sociales, donde se observa a Giovanni forcejeando con cuatro elementos municipales que lo intentan meter a la fuerza a una camioneta de la policía. Días después se confirmó que había muerto por traumatismo craneoencefálico y lesiones contundentes provocadas por golpes.
La primera versión que comenzó a circular en la red sobre la detención de Giovanni López fue porque supuestamente no tenía puesto el cubrebocas en la vía pública. Sin embargo, el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, y el titular de la Coordinación de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, negaron que haya sido por ese motivo y solo se limitaron a decir que fue por incurrir en una "falta administrativa”.
En lo que sí hicieron bastante hincapié fue en detallar que Giovanni fue el primero en ponerse agresivo y desafiar a las autoridades cuando se le acercaron para informarle de la sanción. Sin embargo, ya pasó casi un mes de la detención y las autoridades aún no han podido aclarar con objetividad y claridad el motivo de la detención de Giovanni, e incluso si los policías involucrados fueron detenidos o si siguen operando con normalidad.
En la última conferencia sobre el caso, realizada este jueves, las autoridades de la seguridad de Jalisco dijeron que el detenido murió al día siguiente de su detención, justo cuando era trasladado de los separos a un Hospital Civil de Guadalajara, donde más tarde lo encontró su familia sin vida. Tanto el fiscal como el coordinador de seguridad fueron enfáticos en decir que la Policía Municipal -no la Estatal- tuvo total responsabilidad de los acontecimientos.
A partir del 20 de abril el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ordenó que las medidas de aislamiento social iban a ser de “carácter obligatorio” y que todos aquellos que las incumplieran iban a ser sancionados con una “falta administrativa".
“La fuerza pública tendrá la encomienda de hacerlas cumplir”, detalló en un video que fue ampliamente difundido en todas las vías de comunicación del gobierno. “No es justo que los que sí estén acatando estas medidas paguen por quienes no lo hacen”, sentenció.
Tres días después de que se hicieran oficiales estas imposiciones en Jalisco, el gobernador escribió un polémico y dramático texto en su cuenta de Facebook donde llamó “pendejos” a todos los que se nieguen a acatar sus imposiciones restrictivas.
En la conferencia se informó que este viernes 5 de junio el alcalde de Ixtlahuacán comparecerá en las instalaciones de la Fiscalía del Estado (FE).
Los últimos reportes de las autoridades salud confirmaron que 2,136 personas en Jalisco han sido diagnosticadas con la enfermedad COVID-19, pero solamente 790 pacientes fueron considerados activos; es decir, que presentaron los síntomas durante los últimos 14 días.
