Servicios para una Educación Alternativa (Educa), junto con organizaciones de otros estados, manifestó su preocupación ante las condiciones que la pandemia pueda generar en las comunidades indígenas y pidió al gobierno federal abrir un espacio de diálogo para construir propuestas que atiendan sus condiciones y necesidades.
El coordinador del Área de Derechos Territoriales de ese organismo, Neftalí Reyes Méndez, sostuvo que las comunidades indígenas han sido históricamente olvidadas por las instituciones de salud pública, provocando la violación sistemática de su derecho a la salud, pero ahora frente al coronavirus se encuentran en especial vulnerabilidad.
"Además de la carencia de infraestructura, personal médico y abasto continuo de medicamentos, se suma la discriminación institucional y la falta de un enfoque preventivo culturalmente adecuado y asequible a las comunidades, así como la falta de un monitoreo adecuado a los migrantes que regresan a sus comunidades", asentó.
Subrayó que la falta de acceso a fuentes de empleo digno hace dependientes a las comunidades del comercio y del empleo informal, así como de las remesas de los migrantes en Estados Unidos.
"Pues, si bien existen comunidades que cuentan con sus propios sistemas de producción, circulación y almacenaje de productos para autoconsumo, hay otras en las que lo producido es insuficiente y dependen de la compra de granos básicos en esta temporada del año en la que están iniciando su nuevo ciclo de siembra", afirmó.
Por esto, requirió al gobierno federal establecer un mecanismo de atención integral inmediata a comunidades indígenas para la prevención y atención del COVID 19, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil.
Solicitó atender de manera adecuada y suficiente a los migrantes que regresan a sus comunidades, incluyendo el establecimiento de protocolos y espacios-albergues acondicionados para la cuarentena, brindando información en su lengua materna sobre los cuidados y medidas de seguridad que deben tener al llegar a sus hogares;
Requirió implementar un apoyo monetario, directo, mensual y no condicionado, o renta básica, por lo menos durante los tres meses que durará la crisis más inmediata, con posibilidad de extenderlo a cinco meses;
Reyes Méndez también pidió la apertura de un espacio de diálogo y colaboración con la sociedad civil, que permita enfrentar esta crisis desde múltiples lugares, con la intención de colaborar de manera solidaria frente a la emergencia sanitaria.
