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Minera se mete sin permiso a Tepeuxila

Foto(s): Cortesía
Octavio Vélez Ascencio

El Congreso Autónomo Cuicateco (CAC) denunció que la compañía minera canadiense Almaden Minerals LTD, está por iniciar exploraciones en comunidades del municipio de San Juan Tepeuxila, sin el consenso de los dueños de las tierras.


El representante de esa organización y activista de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), sostuvo que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, otorgó la concesión 226954 denominada “La Raquelita I” a la compañía extranjera para la explotación de minerales en una superficie de 350 hectáreas con una vigencia de 50 años.
Expuso que según un estudio del Centro de Estudios de la Región Cuicateca (CEREC), basado en estudios de prospección en la zona, en el predio se explotaría oro, así como uranio, plomo, zinc, aluminio y manganeso, entre otros.


Detalló que la mina afectará a San Juan Tepeuxila y a sus comunidades San Sebastián Tlacolula, San Juan Teponaxtla y San Andrés Pápalo, así como a las localides colindantes.


"Lo más dramático del caso, es que existe el riesgo de San Sebastián Tlacolula desaparezca del mapa, pues todo su territorio está dentro de la poligonal concesionada.”


Subrayó que la extracción de los minerales a cielo abierto terminará con la vida de San Juan Tepeuxila, pues independientemente de los pozos en espiral en el suelo de grandes dimensiones, en la depuración de los minerales se utilizan grandes proporciones de agua, mezcladas con diferentes químicos, como el cianuro.
“El cianuro es altamente nocivo para la salud y provoca la muerte inmediata de seres humanos y de cualquier ser vivo porque permanece en el ambiente por cientos de años”, señaló.


Subrayó que la compañía minera canadiense ha hecho ya sobrevuelos en helicópteros y avionetas, para conocer la superficie concesionada, según testimonios de pobladores
de diferentes comunidades.


Ante esto, demandó respeto a las leyes y tratados internacionales para garantizar los derechos de los pueblos originarios y conforme con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), exigió una consulta a las comunidades dueñas de las tierras, a fin de decidir sobre su propio territorio y cultura.

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