Integrantes del Comité de Víctimas del 19 de Junio de Nochixtlán, asesorados por abogados de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), interpusieron ayer un juicio de amparo en contra del informe que presentó el 31 de agosto al Senado, la Comisión de Seguimiento del caso.
Julio César Velázquez, coordinador jurídico de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dijo que presentaron el recurso legal, porque el informe "vulnera los derechos humanos de los heridos y violenta la Constitución Política".
Explicó que el informe podría ser utilizado como prueba a favor de quien o quienes resulten responsables de los hechos violentos ocurridos el 19 de junio, toda vez que la Comisión debió haber realizado una actividad de seguimiento y no de investigación.
“El informe u opinión que emitieron es una documental pública porque se publicó en la gaceta oficial del Senado, lo que da el derecho de exhibir como documental probatoria a favor de la defensa de los imputados”, declaró el abogado.
Las presuntas violaciones
Según el Comité de Víctimas, son violaciones de los derechos constitucionales, los siguientes puntos:
1.- La Comisión de Seguimiento fue creada con fundamentos en artículos que no son aplicables para este tipo de comisiones.
2.- Al crearse la Comisión, en el reglamento no especifica si van a investigar o a pedir información; lo deja abierto.
3.- Interrogaron a elementos de la Policía Federal que participaron en el operativo y exhibieron en el informe.
4.- Llamaron a policías para que declararan ante el Senado, facultad que le compete sólo a la Comisión de los Derechos Humanos y a la Procuraduría.
Asimismo, el informe atenta contra el derecho a la verdad, ya que sólo escucharon las versiones de los uniformados y no de las víctimas.
Supuesta "trampa legal"
Pese a que los integrantes de la Comisión de Seguimiento no tenían un fin vinculatorio ni mucho menos una función de ministerio público sino meramente informativa, “se extralimitaron de funciones”, recalcó Julio César Velázquez.
Enfatizó que "esa es la trampa legal por la que se pueden escudar para favorecer a los que dispararon las armas en contra de civiles en el enfrentamiento de Nochixtlán", que dejó un saldo de ocho personas muertas y más de 100 heridos.
El Comité de Víctimas llegó a los juzgados federales donde realizó un mitin y bloqueó por dos horas la avenida Juárez; los abogados ingresaron a dejar el juicio de amparo de 120 personas; después partieron en marcha hacia la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO).
Pusieron también una queja en la Defensoría en contra del notario público Blas Fortino Figueroa Montes, quien según el informe, certificó a los elementos de la Policía Federal y Estatal de que no portaban armas.
El informe oficial
El pasado 31 de agosto, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, presidenta de la Comisión de Seguimiento a los Hechos Ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, entregó a la Comisión Permanente el informe de labores de ese órgano colegiado.
El informe señala que después de reunirse con elementos de la Policía Federal, se observó que al menos un uniformado disparó; además, los informes indican que “la población civil agredió a las fuerzas del orden en un primer momento con piedras, palos, cohetones, bombas molotov, pero también con armas de fuego, ya que hubo elementos policiales lesionados y aeronaves oficiales dañadas por impactos provocados por este tipo de armas”.
Los "avances"
4 meses del caso Nochixtlán y no hay ningún detenido por la muerte de 8 personas
120 personas presentaron juicios de amparo ante el informe de la Comisión de Seguimiento
1 elemento policiaco ha sido separado temporalmente de su cargo, hasta el momento
