CIUDAD DE MÉXICO.- El abuso en el uso de la fuerza pública en México es consecuencia de una serie de factores que van desde la falta de compromiso político para regularla y fallas en la capacitación, hasta la ausencia de mecanismos de supervisión y documentación de operativos, señalaron especialistas.
"Está fallando todo en materia de uso de la fuerza, lo primero que falla es el compromiso político de regularla y las consecuencias están en la calle todos los días", sentenció Ernesto López Portillo, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).
No hay legislación en México
En México no hay leyes federales en la materia, aunque existe el Manual del Uso de la Fuerza para Fuerzas Armadas y los Lineamientos generales para la regulación del uso de la fuerza, para órganos desconcentrados de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), incluida la Policía Federal.
A nivel estatal, hay entidades como la Ciudad de México, Morelos, Hidalgo y San Luis Potosí que ya adoptaron normas sobre uso de la fuerza pública bajo parámetros internacionales, aunque hay 21 estados que no han establecido reglas claras.
López Portillo dijo que si bien es necesaria una Ley Federal, como lo planteó la CNS a propósito del Caso Tanhuato, también se requieren instrumentos que documenten las acciones en las se recurre a la fuerza.
Fallas en los mandos
El especialista consideró que en casos como en el de Tanhuato, Michoacán, donde la PF habría ejecutado arbitrariamente a 22 personas según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), evidencian fallas de los mandos, los elementos y también los fiscales.
El académico de la UNAM, Carlos Mendoza, estimó que abusos como los reportados en Tanhuato o Apatzingán hacen patente un "error sistémico" de las instituciones policiales, provocado por deficiencias en el modelo policial, el perfil de los elementos y los esquemas de seguimiento.
También es consecuencia, dijo el consultor, de fallas en el proceso de formación y preparación de los agentes que hacen necesaria una ley que, además de regular la actuación policial a detalle, obligue a capacitar y certificar a los policías en esa materia.
En tanto, María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, subrayó la necesidad de regular "perfectamente" la actuación de los policías a través de una ley que determine el uso progresivo de la fuerza.
Reconoce Campa urgencia de legislar
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, reconoció que los protocolos federales sobre uso legítimo de la fuerza son insuficientes, por lo que se requiere de una ley general en la materia.
Regular el uso de la fuerza pública bajo estándares internacionales, recordó el subsecretario, ha sido una recomendación reiterada de una gran cantidad de organizaciones; sin embargo apuntó que los procesos legislativos para adoptar leyes de ese tipo son complicados y enfrentan dificultades.
