SANTA MARÍA TONAMECA, Oaxaca.- A tres meses de que un grupo de comuneros cerró las oficinas del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Tonameca para mostrar su rechazo a un proyecto ambiental y de certificación para áreas de conservación, este jueves, integrantes del órgano comunal recuperaron el inmueble y develaron el interés del grupo disidente para apropiarse a toda costa de tierras destinadas a la preservación ambiental.
Luego de que decenas de comuneros fueron convencidos mañosamente de que el plan para certificar la zona denominada La Laguna como categoría de Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC), tendría la finalidad de despojarlos de sus tierras; la comunidad agraria protagonizó una confrontación que derivó en la toma y cierre del inmueble comunal, el intento por destituir al representante comunal Raúl Lucas Cruz y la instalación de dos órganos comunales paralelos.
Intentan desestabilizar a comuneros
El proyecto de La Laguna, impulsado por ambientalistas que buscan el rescate de la denominada Laguna de Chacahua, y cuyo diagnóstico fue auspiciado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), fue el pretexto para que un grupo de comuneros liderados por Romeo Ramírez Gómez, Zenén Galguera Gómez y Aureliano Gómez Pina promovieran una serie de acciones tendientes a desacreditar la labor de preservación y generaran el encono entre comuneros, a quienes les hicieron creer que sus tierras serían expropiadas y privatizadas.
“Los líderes del movimiento disidente intentaron desestabilizar el núcleo agrario a través de la calumnia y la difamación al Comisariado y Consejo de Vigilancia, pero ya les demostramos que no hemos certificado, vendido ni privatizado los terrenos comunales”, afirmó Raúl Lucas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales.
Empuja destitución de comisariado
El líder agrario afirmó que a pesar de que Alfredo Ramírez Gómez (hermano de Romeo Ramírez), quien funge como como subdelegado de Conciliación Agraria de la delegación de la Procuraduría Agraria de la entidad, trató de incidir para que el titular Francisco Javier Cañada Melecio, lo desconociera como representante comunal, sus intentos fueron fallidos.
“Fui electo en una asamblea legalmente constituida a través de los comuneros y estoy inscrito en el Registro Agrario Nacional (RAN). La destitución de un presidente de Comisariado lleva un procedimiento que los opositores nunca siguieron y por lo tanto, el órgano comunal que ellos crearon es ilegal, así como los documentos que expidan”, manifestó.
Buscan apropiarse de zonas de reserva
Lucas Cruz afirmó que la insistencia del grupo de comuneros inconforme obedece a su interés por apropiarse de zonas de reserva de gran valor, que en caso de que sean certificadas como Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, estarán vedadas a tales intenciones.
Y explicó que existe un especial interés en una amplia zona de playa y terrenos aledaños que colindan con las comunidades La Ventanilla y El Mazunte, en particular en las zonas de reserva El Torón (mil hectáreas) y la conocida internacionalmente Punta Cometa, localizada en Mazunte.
Voracidad disfrazada de lucha agraria
Uno de los interesados, detalló, es el creador de la cooperativa Lagarto Real de La Ventanilla, Esteban Escamilla, quien está cercando terrenos, ha talado inmoderadamente árboles y pretende lotificar una parte de El Torón.
Como él, Zenén, Romeo y Aureliano pretenden adueñarse de una enorme área ya destinada y autorizada para uso común en la Laguna Tonameca.
El representante comunal insistió en que la voracidad para lucrar con zonas de reserva o cercanas al mar llevó incluso al actual Jefe de Residencia de la PA en Miahuatlán, Amauri Fernández Alvarado, a ser intermediario para que un corredor de bienes raíces pudiera adquirir 600 hectáreas en la codiciada zona de playa, a pesar de saber que la mayor parte de terreno presuntamente disponible corresponde a zonas protegidas.
Estudio y proyecto ambiental continuarán
Respecto al estudio técnico que dio origen al conflicto y con el que se pretende lograr una restauración ecológica de la Laguna Tonameca, además de ser un diagnóstico integral de toda la zona para promover el cuidado y aprovechamiento de los recursos, Lucas Cruz reiteró que debe seguir su curso pues en ninguna circunstancia implican el despojo, la privatización o expropiación de las tierras.
Aclaró que después del diagnóstico justificativo se consultará a las comunidades sobre el mismo y en caso de que haya consenso en la asamblea de comuneros, se iniciará el proceso de certificación como ADVC.
El informante lamentó que a pesar de que ya existen denuncias penales por despojo, robo, usurpación de funciones y falsificación de firmas, la Vicefiscalía de la Costa no realiza las diligencias para sancionar a los responsables; “nos dicen que el tema es político y por eso no quieren actuar”.
El conflicto en datos
El estudio microrregional fue gestionado ante la Conanp en febrero del 2015 por los ambientalistas Víctor Vásquez Altamirano y Esteban Reyes, y aprobado el 20 de marzo.
En asamblea, el 6 de septiembre del mismo año, los comuneros fueron informados sobre los trabajos del diagnóstico con miras a la preservación de la Laguna de Tonameca, mismos que se realizan durante los siguientes meses.
Entre marzo y mayo –en plena época electoral- de este año, el grupo de disidentes difunden entre comuneros de al menos 10 comunidades la versión sobre una supuesta privatización y expropiación de 985 hectáreas de la zona La Laguna.
El 25 de mayo pasado, en lo que sería una reunión informativa sobre el tema, un grupo de comuneros impide que el órgano comunal de a conocer los detalles del diagnóstico y promueve una presunta destitución de éste, por lo que cierran desde entonces la casa comunal.
El 3 de julio pasado, luego de sostener más de un mes un órgano alterno, los inconformes impiden la realización de una asamblea de comuneros en la que personal de la Conanp explicaría el diagnóstico de La Laguna y detalles del proceso certificatorio.
El pasado lunes 15, un grupo de comuneros inconformes abrieron las oficinas del comisariado y se instalaron para despachar desde ahí. Tres días después, el órgano comunal legítimo recupera el inmueble.
