SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC MIXE.- A más de un año del escándalo por copiar el diseño de la ropa autóctona de esta comunidad indígena de la Sierra Juárez, ni autoridades federales ni firmas extranjeras han ofrecido una disculpa pública a los agraviados, tal como lo solicitaron. El plagio sigue, y la lucha también. Tampoco hay leyes que protejan su propiedad.
Además, rechazan iniciativas de ley para proteger la propiedad industrial de las comunidades, una de las cuales presentaron los legisladores federales Francisco Martínez Neri y Karina Barón Gutiérrez, por no contar con el aval del pueblo Ayuuk ni considerar la opinión de los afectados.
Mientras tanto, las empresas francesas Isabel Marant y Antik Batik continúan la reproducción de blusas y faldas de la etnia Mixe, sin autorización oficial, lo cual “constituyen hechos denigrantes, humillantes y de profundo racismo”.
La única vía que sigue la autoridad municipal es la legal, a través de abogados de la comunidad que presentaron una demanda, en la que cuentan con escaso apoyo del gobierno de Oaxaca.
El escándalo
En la temporada primavera-verano del año pasado, la empresa Isabel Marant dio a conocer sus nuevos diseños, que incluían prendas con bordados de la etnia Mixe, que suscitó a la vez un litigio con otra compañía denominada Antik Batik, que reclamaba como suya la idea de las creaciones.
Para ello, ese mismo año ambas casas sostuvieron un litigio en la Corte de París, que a la fecha no se ha resuelto.
Ambas partes aseguran que no son diseños originales de las comunidades del distrito Mixe sino elaboraciones propias.
La marca y nombre de Isabel Marant llegaron a México tras la denuncia de las autoridades municipales, quienes criticaron que se hayan utilizado patrones gráficos en dicha blusa, propia de Tlahuitoltepec.
En un pronunciamiento emitido el 3 de junio de 2015, demandaron a las autoridades estatales y federales declarar al respecto y promover mecanismos legales que protejan la identidad colectiva, intelectual y biocultural de los pueblos, “es decir, leyes abstractas en verdaderas herramientas de legalidad”.
“Nos molesta”
“Nos molesta mucho que hagan eso; no está bien que copien lo que nosotros hacemos”, dice la artesana Margarita Torres, quien se dedica a la elaboración de prendas desde 1990; forma parte de un grupo de ocho mujeres organizadas.
Ella tiene su puesto a una cuadra del palacio municipal, tras haber sido retiradas del kiosco, donde cuatro de ellas tenían sus locales.
Somos ocho las que trabajan en máquina pero hay más que se dedican a elaborar rebozos de mano; expone que una blusa típica se vende en aproximadamente 490 pesos pero lleva tres días el bordado.
“Ahorita casi no tenemos pedidos, acá donde estamos ahora no se vende; están tristes las ventas, nada, sino más que lo que nos piden de fuera”, refiere en su nueva ubicación.
“Nos molesta mucho que copien nuestros diseños cuando no saben ni siquiera lo que significa”, dice la mujer, que expende distintas prendas.
En el centro de esta comunidad, ya hay también locales formales de venta de prendas e incluso de diseños propios, como es el caso de “Art Rouse”, cuya diseñadora es Maribel R. Martínez, y quien prefiere no dar su opinión respecto del plagio.
En su negocio exhibe diseños autóctonos con prendas de distintos colores y ya no únicamente sobre la manta.
Las iniciativas
A mediados de marzo pasado, los legisladores perredistas Cristina Gaytán, Karina Barón y Francisco Martínez Neri, suscribieron una iniciativa que busca que la Ley de Derechos de Autor establezca la prohibición para replicar las obras artesanales indígenas en beneficio de personas físicas o morales ajenas a las etnias.
Lo anterior casi un año después que la firma francesa Isabel Marant presentó su colección “Etolie primavera-verano” y que ofrecía blusas con diseño de Tlahuitoltepec hasta en 290 dólares cada una.
En la propuesta, planteaban que en el Código Penal se impusiera de tres a 10 años de prisión para quien reproduzca sin autorización el arte popular indígena, mientras que en la Ley de Propiedad Industrial se tipificaría como delito la reproducción o imitación de los diseños de las comunidades indígenas.
En tanto, el 2 de marzo, el Congreso local aprobó un decreto que declara como patrimonio cultural e inmaterial del estado los diseños, vestimentas o trajes regionales característicos de sus comunidades y pueblos indígenas, las artesanías que en ellas se producen, así como sus lenguas.
