Oaxaca.- En un hecho sin antecedente en la historia de los derechos humanos de la entidad, miembros de la sociedad civil, al límite de su tolerancia, coparon ayer al Ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, para exigirle protección y expresar al unísono y en voz alta a los grupos radicales de la Sección 22 del SNTE, que "¡Ya basta!".
Sin distinción económica, política, social ni religiosa y con el único objetivo de exigir un alto inmediato a la sistemática violación a los derechos fundamentales de los oaxaqueños, empresarios, académicos, comerciantes, prestadores de servicios turísticos, artesanos y padres de familia, reprobaron la omisión ante la ley de los tres niveles de gobierno, a pesar de que Oaxaca lleva dos meses de secuestro por parte de grupos minoritarios que promueven desestabilización, violencia y retroceso.
Los ciudadanos arribaron en forma respetuosa y ordenada al auditorio de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, donde su titular hizo suyas las expresiones de indignación que mujeres y varones hicieron con ceja alzada y puño cerrado, signos de impotencia y rabia.
Entregaron por escrito los fundamentos para dar paso a la integración de una queja contra la abultada violación a los derechos contra los oaxaqueños.
Asimismo, los integrantes de la sociedad civil de Oaxaca entregaron por escrito los fundamentos para dar paso a la integración de una queja contra la abultada violación a los derechos a la educación, salud, expresión, empleo, seguridad pública, libre tránsito, ambiente sano y desarrollo económico y paz social.
Al leer el documento que luego entregaría el empresario Benjamín Hernández a Arturo Peimbert Calvo, la abogada Dolores Pérez Islas, integrante de la Alianza Empresarial y Comercial de Oaxaca, señaló que los tres niveles de gobierno están incumpliendo su responsabilidad como garantes de los derechos humanos, y a pesar del grave problema que estamos sufriendo los oaxaqueños, prefieren la vía más cómoda: la omisión ante la ley.
Previo a la entrega del documento al Ombudsman de Oaxaca, mujeres y varones que opinaron con toda libertad, expresaron su "¡Ya basta!" a los constantes e impunes actos de vandalismo y rapiña en nuestra ciudad.
“Mientras los integrantes de la Sección 22, tienen su salarios seguros que sale de nuestro pago de impuestos, nosotros tenemos que trabajar todos los días para obtener los ingresos para nuestras familias y el salario de nuestros trabajadores. Es necesario parar esa constante con la incorporación de vigilancia policial vigorosa y permanente en nuestro atropellado y deteriorado Centro Histórico”, dijeron.
En un nuevo llamado respetuoso a las autoridades federales y estatales, Esther Merino cuestionó con valentía la indolencia gubernamental. Sería muy grave que en respuesta a la omisión de las autoridades, los ciudadanos optarán por la ley del talión.
En el auditorio de la DDHPO, quedó muy claro que la libertad de las autoridades está bajo el control de grupos minoritarios y a merced de sus caprichos y chantajes.
En presencia de varios empresarios, el cirujano dentista José Manuel Herrera Colmenares, se dolió que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no haya hecho nada hasta ahora “por los miles de oaxaqueños que estamos sufriendo las atrocidades de vándalos y guerrilleros".
Al reconocer que Oaxaca está viviendo una crisis muy grave, el presidente de la DDHPO, Arturo Peimbert Calvo, ofreció a los ciudadanos que se instalará una mesa especial para dar seguimiento a su solicitud, y para sustentar las investigaciones correspondientes se solicitar informes a las autoridades estales y municipales.
La reunión que se prolongó más de una horas, incluyo reproches aislados de quienes consideraron que el Ombudsman ha asumido un papel indiferente, al no actuar de oficio por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos perpetradas por los grupos de rapiña, pero los ánimos no se alteraron ante los llamados a la calma del empresario Benjamín Hernández.
La abogada Dolores Pérez Islas, pidió al titular de organismo autónomo, mantener bajo reserva los nombres de los firmantes. Además de la firma, los ciudadanos anexaron en el documento las copias de sus credenciales de elector.
