CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México no ha respondido de manera puntual cinco opiniones oficiales que emitió la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la detención arbitraria de igual número de personas en poco más de un año, denunciaron organizaciones civiles y familiares y amigos de las víctimas.
Se tratan de las detenciones, en diferentes momentos y circunstancias, de Damián Gallardo Martínez, Librado Baños Rodríguez, Enrique Guerrero Aviña, Pedro Canché y Nestora Salgado, de los cuales los últimos dos ya recuperaron su libertad.
En compañía de organizaciones como Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y Artículo 19, los familiares de los cinco exigieron la liberación de todos, como señaló el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU en las opiniones vertidas entre agosto de 2014 y diciembre de 2015.
Iyari Aldrete, amiga de Enrique Guerrero, afirmó que la detención en la Ciudad de México del estudiante de la UNAM fue violenta, tras lo cual fue torturado y después acusado del secuestro de dos sobrinos del empresario Gerardo Gutiérrez Candiani.
"La opinión de la ONU señala que fue detenido no porque haya cometido un delito, sino por su participación como defensor de derechos humanos", dijo Aldrete en conferencia de prensa.
Yolanda Barranco, pareja de Damián Gallardo Martínez, relató que el 26 de agosto de 2014, la ONU emitió su opinión en la que señala que su detención, en Oaxaca, fue arbitraria y le pide al Estado mexicano su libertad, lo que no ha ocurrido.
Librado Baños fue detenido una madrugada de agosto de 2013 en Oaxaca, luego que elementos policiacos irrumpieran en su casa sin orden de cateo ni de aprehensión, narró Eva Lucero, de la Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades.
Los familiares y amigos de las víctimas consideraron que estas agresiones se enmarcan en una estrategia de criminalización de los defensores de derechos humanos y periodistas.
"Los cinco casos aquí referidos son emblemáticos de este grave patrón, que también ha sido evidenciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", afirmaron los familiares y amigos de forma conjunta.
Aún en el caso de Canché y Salgado, quienes recuperaron su libertad, acusaron que su persecución penal continúa, por lo que incluso la dirigente de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, no ha podido regresar al país.
