CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal ordenó al gobierno liberar a todos los migrantes indocumentados que se ubiquen en grupos vulnerables a la enfermedad COVID-19.
De acuerdo con los criterios de la Secretaría de Salud, son vulnerables las personas mayores de 60 años de edad, mujeres embarazadas o en puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión e insuficiencia renal o hepática.
"Se concede la suspensión para el efecto de que las autoridades responsables pongan de inmediato en libertad a las personas recluidas en las estaciones migratorias que son parte de algún grupo vulnerable dado el riesgo de adquirir la enfermedad, y opten por otros mecanismos para su seguimiento en territorio nacional", ordenó Jonathan Bass, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa.
"Esto es, que otorguen derechos temporales de residencia que incluyan acceso a beneficios de salud y sociales, en el contexto de la lucha contra la pandemia, conforme a las disposiciones migratorias", agregó.
Bass concedió una amplia suspensión de oficio de alcance nacional, como parte de un amparo promovido el jueves de esta semana por asociaciones civiles defensoras de migrantes, que reclaman la inexistencia de protocolos y medidas para proteger su salud durante la contingencia.
"Que todas las personas en situación de migración o solicitantes de protección internacional tengan asegurado igual acceso a servicios de salud y estén incluidas en las respuestas nacionales dirigidas a prevenir y mitigar la transmisión del virus, lo cual debe incluir pruebas y tratamientos en igualdad de condiciones a las destinadas a los nacionales", es otro efecto de la suspensión.
Acciones preventivas
El Juez también requirió poner a salvo a niños y adolescentes migrantes no acompañados en estancias adecuadas, al tiempo que exigió un informe detallado sobre el número de personas que se encuentran en las estaciones migratorias y, en su caso, sus condiciones de vulnerabilidad.
"Las autoridades deberán establecer una estrategia, en apego a los programas sociales existentes, para que las personas en situación de migración o solicitantes de protección internacional puedan acceder a beneficios económicos que coadyuven en su sustento", dice la orden.
También pidió múltiples acciones preventivas y correctivas al interior de todas las estaciones migratorias del país, entre ellas medidas sanitarias, detección de posibles casos de COVID-19, atención para quienes den positivo, suministro de agua potable y alimentos, e inspecciones periódicas para vigilar respecto a los derechos humanos.
