Sentirse obligadas a continuar sus labores como empleadas de mostrador, atendiendo un restaurante o de cobradoras en una financiera a pesar de la contingencia por COVID-19 ha hecho que en las últimas dos semanas al menos cinco mujeres que son jefas de familia se acerquen al Instituto Municipal de las Mujeres de Oaxaca de Juárez a solicitar información.
Estaban a un paso de ser despedidas, pero por miedo a que se concretara el fin de una relación informal desistieron iniciar un proceso que evidenciaría una cadena de desigualdades.
“No tienen las condiciones mínimas de trabajo, ni las prestaciones de Ley, ni el mínimo equipo de higiene y seguridad (como cubrebocas) para realizar sus labores de manera cotidiana y el miedo que tienen de perder el empleo se antepone”, aseguró la directora de ese Instituto Municipal, Jaquelina Escamilla Villanueva.
Así se vive desde hace dos semanas Claudia, una mujer que 19 años atrás aceptó ser agente -en realidad cobradora- de una financiadora. En vez de irse a resguardar a su casa porque a sus 59 años es hipertensa, ha tenido que ingeniárselas para visitar entre 80 y 85 clientes para cobrar 2 mil o 2 mil 500 pesos semanales.
Afirma: “Es una zozobra tener que trabajar porque si me voy de la empresa no me dan nada. Es injusto, pero es mi realidad”, dice al recordar que hace unos años cuando trataron de organizarse para pedir seguridad social, despidieron con facilidad a las personas inconformes.
Una compañera de Claudia, más joven y que puede tener el apoyo de su familia para quedarse en casa, renunció “por propia voluntad” la semana pasada “y no le dieron nada”.
La indiferencia institucional es muy poderosa para Caudia. Ignora a dónde recurrir y si al hacerlo no se quedará sin ingresos en el peor momento de su vida, donde los riesgos de un contagio de COVID-19 se multiplican.
Para la directora del Instituto Municipal de las Mujeres los estragos se empezarán a ver cuando las y los hijos de jefas de familia vuelvan a la escuela y las actividades se normalicen, “entonces los ahorros se habrán acabado o las necesidades de gasto se incrementarán”.
Ninguna instancia oficial tiene diseñada una estrategia clara que fortalezca la participación de jefas de familia en el campo laboral desventajoso.
