El sistema de pensiones del gobierno del estado podría entrar en crisis el próximo año, toda vez que los recursos del fondo son insuficientes para atender a los 4 mil 243 trabajadores que actualmente forman parte del mismo, advirtió el secretario de administración José Germán Espinosa Santibáñez.
Al comparecer ante la Comisión Permanente de Administración Pública de la 64 legislatura, que preside el diputado Ericel Gómez Nucamendi, el legislador expresó: "el anterior estudio actuarial nos decía que el fondo iba a entrar en crisis en el 2023, pero nosotros calculamos que puede entrar en crisis en el 2021".
“Pero no nada más estamos viendo cuándo puede entrar en crisis, nosotros tenemos que tomar acciones inmediatas que estamos diseñando; pero no solamente nosotros estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público porque este es un fenómeno que no sólo es nacional, es internacional, todos los fondos de pensiones en el mundo que tienen que ver con esquemas estatales están en crisis porque las prestaciones que ofrecen fueron rebasadas por la realidad”.
El funcionario estatal explicó que el fondo se constituye con lo que aporta el trabajador y el estado; sin embargo, la persona aporta en su vida de trabajo en promedio 120 mil pesos y reciben alrededor de 25 mil pesos mensuales, “entonces, no hay dinero que alcance para sostenerlo, pues en cinco meses se agota la aportación”.
Asimismo, aseveró que mensualmente se pagan alrededor de 62 millones de pesos a jubilados y pensionados del estado.
Espinosa Santibáñez manifestó que Pensiones siempre fue una ventanilla a realizarse, ya que nunca se constituyó el fondo técnico de pensiones. “No es un error de alguien, no es un error del pasado, no estamos buscando culpables también, quiero dejarlo muy claro, es la realidad en la cual ha vivido este fondo de pensiones”.
Además, destacó que la Secretaría de Administración actualizó el valor catastral de los bienes inmuebles del gobierno estatal, por lo que los mismos pasaron de un valor total de 3 mil 50 a 6 mil 178 millones de pesos.
Manifestó también que en coordinación con la Dirección de Catastro se actualizaron los avalúos de bienes inmuebles porque de 346 inmuebles 270 no estaban regularizados.
Expresó que en el año 2019 se radicaron un total de 79 expedientes de responsabilidad patrimonial derivados de siniestros a vehículos, pérdidas y daños a inmuebles. “En el caso de los siniestros de automotores pudimos reducir el tiempo de reclamo de 18 a 3 meses en promedio, lo que nos permitió recuperar más de 2.4 millones de pesos”, apuntó.
Informó que tres bienes inmueble que estaban en litigio fueron regularizados, dos en la agencia de San Pablo, Etla (Polígono 1 y El Llano), con una superficie de 2 hectáreas, con un valor de 10.4 millones de pesos, y otro en Tlalixtac de Cabrera (Villa Azul), de 1 hectárea con un valor de 19.4 millones de pesos, así como 4 vehículos que estaban reportados como robados.
Finalmente, añadió que para actualizar el Sistema Integral de Control de Inventario Patrimonial de bienes muebles se llevaron a cabo las siguientes acciones: 60 mil 850 verificaciones físicas a bienes inmuebles, gestiones administrativas para la enajenación de 261 vehículos que no estaban en uso y que por su incosteabilidad se procedió a la baja del padrón vehicular, de los cuales se entregaron en comodato 84 vehículos a 50 ayuntamientos, quienes los rehabilitaron y están en el proceso de recibirlos en donación definitiva.
