Por el caso del indígena triqui, Antonio Jacinto López Martínez, asesinado en el 2011, presentado por el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano emitió el Protocolo para la Instrumentación e Implementación de Medidas de Protección del Sistema Interamericano, Universal y Nacional de Derechos Humanos.
El dirigente de esa organización, Maurilio Santiago Reyes informó que la víctima fue nombrado presidente municipal de San Martín Itunyoso, el 24 de octubre de 2004, por el régimen de usos y costumbres, sin embargo, fue amenazado de muerte en diciembre de ese mismo año, para obligarlo a no asumir el cargo.
Expuso que el indígena triqui fue atacado con armas de fuego el 30 de enero del 2005, al pretender tomar posesión del cargo, en un claro intento de asesinarlo.
Explicó que la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de López Martínez, el 29 de junio del 2005, pero debido a una incorrecta implementación, fue asesinado el 17 de octubre de 2011 en pleno centro de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco.
De esta manera, subrayó que el Estado mexicano suscribió un compromiso con la CIDH, el 23 de septiembre del 2015, para una solución amistosa del caso, posteriormente homologado y publicado en la página de esa instancia interamericana, el 8 de abril pasado, para garantizar la no repetición.
Este protocolo –precisó–contempla las reglas mínimas que deben de tener un procedimiento de implementación de medidas cautelares, otorgadas por organismos nacionales e internacionales, entre ellas, las fases de inicio de un procedimiento, comunicación oportuna con las personas beneficiarias y peticionarias, así como el inicio del procedimiento en casos de urgencia e inicio del procedimiento en casos ordinarios.
Destacó que la creación de este protocolo se logró por el esfuerzo de la CIDH y el Cedhapi, al enfrentar muchos obstáculos presentados por el propio Estado.
No obstante, Santiago Reyes reconoció que el protocolo carece de medidas para atender a las personas desplazadas internamente con medidas cautelares por organismos nacionales e internacionales, a fin de proteger sus derechos a la salud, a la alimentación y la vivienda.
