A petición del Comité Ejecutivo de la Sección 9 del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud (SINTS), un juzgado de control decretó la ampliación del término constitucional, durante la audiencia de imputación del delito, para permitir la presentación de pruebas de desahogo.
“Es que a como dé lugar nos quieren someter a otro proceso penal”, afirmó el secretario general de esa gremial, Genaro Villalobos Sánchez.
El dirigente expuso que en la audiencia de imputación, el juzgado de control, después de la orden de aprehensión emitida, a petición de la Fiscalía General del Estado, pretendía nuevamente vincular a proceso a ocho integrantes del Comité Ejecutivo, ahora por el delito de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad.
Explicó que la Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación en el 2018 por sus protestas en la sede central y en las oficinas administrativas de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), localizadas en las calles de J. P. García y Violetas, donde supuestamente no permitieron el acceso al personal.
“Esta acusación claramente criminaliza la protesta, porque no somos servidores públicos, ni incurrimos en abuso de autoridad, pues solamente somos representantes sindicales”, anotó.
"Violación a derechos"
Subrayó que esta nueva intención de someter a proceso a la dirigencia constituye una respuesta represiva a sus manifestaciones para demandar la recontratación de médicos, enfermeras, nutriólogos, psicólogos y administrativos, despedidos del programa Prospera.
“Es una abierta violación a nuestros derechos laborales y humanos”, asentó.
De este modo, destacó que el Comité Ejecutivo demandó la ampliación del término constitucional durante la audiencia de imputación para poder presentar las pruebas y desvirtuar la acusación.
Ante esto, detalló que la dirigencia también solicitará un amparo para presentarse así en el juzgado de control, el próximo martes para reanudar la audiencia de imputación, a las dos de la tarde.
“Vamos a recurrir al amparo, para echar abajo cualquier actuación ilegal del juzgado de control”, apuntó.
Villalobos Sánchez dijo que la dirigencia ya está bajo proceso en otra causa penal por el delito de coalición de servidores públicos, después de ser vinculada a proceso por otro juzgado de control.
“Es que la fiscalía se ha convertido en el brazo ejecutor para ejercer la ley de manera sesgada en contra de los representantes sindicales”, terminó.
