Después de 23 años de la represión generalizada desatada por el Estado mexicano para perseguir al Ejército Popular Revolucionario (EPR), el tejido social no se ha podido reconstruir en San Agustín Loxicha, porque aún persisten las secuelas de las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, la tortura, las detenciones ilegales, el encarcelamiento en penales federales durante casi 20 años y el desplazamiento de familias.
El 28 de agosto de 1996, a dos meses de su presentación en Aguas Blancas, Guerrero, unidades y pelotones del grupo armado realizaron acciones de hostigamiento político militar alrededor de las 22 horas en la 28 Zona Militar del Ejército Mexicano y en la Base Aérea Militar número 15, situadas en los municipios conurbados de Santa Lucía del Camino y Santa Cruz Xoxocotlán.
Quince minutos después, un destacamento del grupo guerrillero tomó la ciudad de Tlaxiaco, después de un enfrentamiento con agentes de la entonces Policía Estatal Preventiva. En la refriega, murieron dos policías.
Enfrentamiento en Huatulco
Ya el 29 de agosto, dos de sus destacamentos ocuparon por espacio de 45 minutos La Crucecita, Santa María Huatulco, enfrentando a efectivos de la Armada de México y de la entonces Policía Judicial Federal, así como de las policías Judicial y Preventiva del Estado, así como de la Municipal.
En el choque murieron 11 marinos y policías, así como un civil, además resultó una decena de heridos. El grupo armado tuvo dos decesos y tres heridos. Uno de los fallecidos, fue reconocido posteriormente como Fidel Hernández Hernández, regidor de Hacienda de San Agustín Loxicha.
La identificación del concejal originó el 25 de septiembre de ese año, la incursión del Ejército Mexicano, así como de las policías federal y estatal en esa municipalidad, para detener al edil Agustín Luna Valencia y su cabildo, así como a decenas de pobladores, miembros de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos “Emiliano Zapata” (OPIZ-EZ), por su presunta pertenencia en el grupo armado y participación en los ataques.
Durante los operativos, los persecutores incurrieron en detenciones ilegales, desapariciones forzadas, torturas y hasta ejecuciones extrajudiciales, que fueron documentadas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Migración y desplazamiento
Aunque la irrupción policíaca-militar y la posterior conformación de guardias blancas y grupos de entregadores –llamados así por los pobladores, porque sus integrantes acusaban de pertenecer al EPR a quien militaba en la OPIZ-EZ–, provocó también la migración y el desplazamiento de familias enteras a esta ciudad, así como a estados del norte del país e incluso a los Estados Unidos.
A la postre, 152 habitantes –la mayoría monolingües y algunos profesores de la Sección 22 del SNTE– fueron detenidos y procesados tanto en los fuero federal y local por los delitos de homicidio calificado, conspiración, terrorismo, privación ilegal de la libertad, robo, robo de uso y lesiones calificadas, entre otros, a pesar de que el EPR nunca los reconoció como parte de su organización político-militar.
La mayoría, fueron encarcelados en la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel y en el Reclusorio Regional de la Villa de Etla. Otros, fueron enviados al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número uno y en los últimos años, en el Cefereso número 13, localizados en Almoloya de Juárez, Estado de México y en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.
Campo de pruebas
Nestora Ramírez Ramírez, hija del profesor Elpidio Ramírez García, preso durante tres años, representante de la Unión de Pueblos contra la Represión y Militarización de la Región Loxicha (UPCRMRL), dijo que su pueblo natal fue convertido por el Estado mexicano en un campo de ejecución y experimentación de la contrainsurgencia, abierta, descarada y burda.
Además, expuso que la instalación de cuatro bases de operaciones mixtas en puntos estratégicos en El Portillo de las Flores, Magdalena Loxicha, La Sirena Miramar y en la cabecera municipal, causó una gran inestabilidad social, porque trajo consigo la prostitución, el alcoholismo y la drogadicción en las comunidades.
Destacó que toda esa violencia generalizada ha ocasionado el desmembramiento de la organización comunal y la ruptura del tejido social, porque aún persiste la persecución policial y el encarcelamiento de simpatizantes de la OPIZ-EZ, entre ellos, algunos ex presos.
“Para nosotros es muy difícil esta situación, porque a nosotros nos tocó en carne propia vivir esa pesadilla, no nos la contaron, lo hemos vivido”, señaló.
Ante esto, demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención para lograr la libertad de 38 presos, acusados falsamente de homicidio y otros delitos, detener la persecución policial, indemnizar a las viudas de las víctimas de ejecución extrajudicial y la cancelación del pago de reparación del daño impuestos a los ex presos, después de cumplir una condena de 20 años.
“La lucha no ha terminado, continúa, siguen presos varios hermanos indígenas, sigue habiendo perseguidos y asesinados”, terminó.
Sin trabajo seguro
Después de 19 años de cárcel, el indígena zapoteco Abraham García Ramírez, acusado de pertenecer al EPR, salió libre el 7 de julio del 2017 de la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel.
Dejó la cárcel por una preliberación concedida por un juzgado federal, al cumplir las dos terceras partes de su sentencia de 30 años por los delitos de homicidio y terrorismo, por supuestamente participar en la agresión en La Crucecita, Huatulco.
Aunque al salir libre, quedó obligado a reportarse cada mes durante los ocho años que restan de su sentencia en el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob) y a pagar un monto de 125 mil 58 pesos con 55 centavos, como reparación del daño.“El encarcelamiento fue injusto, pero más injusto que al salir todavía tenga uno que pagar tanto dinero”, afirmó el indígena zapoteco.
Sobre todo, porque no es fácil para un ex preso encontrar algún trabajo, por no contar con una identificación, especialmente la credencial con fotografía del Instituto Nacional Electoral (INE).
“En todos los trabajos la piden, pero hasta que cumpla toda mi sentencia, me darán la credencial”, añadió.
“Cada mes tengo que pagar cuatro mil 635 pesos y 50 centavos; me faltan como 12 mil pesos para terminar. Se me complica mucho, porque no siempre hay trabajo”, anotó.
