Oaxaca carece de una política pública y una estrategia que garantice a las mujeres la atención médica en caso de una agresión sexual. La violación de este derecho es más notoria en las zonas rurales e indígenas, donde no se dispone de anticonceptivos de emergencia ni se promueve la interrupción legal del embarazo por violación.
Esas son parte de las conclusiones del estudio La regulación sobre los derechos sexuales y reproductivos en la legislación mexicana y para conocer el grado de cumplimiento de la NOM-046-SSA2-2005, Violencia sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
El documento, que fue auspiciado por el Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PAMIMH) de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en coordinación con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), se presentó ayer por la tarde.
La presentación se realizó con tres de las cuatro autoras: las investigadoras Paola Sesia, Lina Rosa Berrio y Paloma Bonfil Sánchez en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, quienes coincidieron que la Norma 046 que señala los seis lineamientos a seguir por personal de salud para que las mujeres con un embarazo producto de una violación sexual accedan a la interrupción legal, se conoce poco o mal.
Falta información
En las tres entidades del país se carecen de sistemas de información y bases de datos con el registro del número, edad o condición de pertenencia étnica de las víctimas de violencia sexual y de violación que recibieron anticoncepción de emergencia, así como medicamentos para prevenir enfermedades de transmisión sexual.
Tampoco registran el número de casos de violación que resultaron en embarazos no deseados a los que hubiera sido aplicable la Interrupción Legal del Embarazo ni se registra lo que sucede en todos los servicios de salud existentes en los tres estados.
“Nos concentramos en conseguir datos de mujeres indígenas, pero no encontramos casi nada, porque no se denuncia y no se atiende”, precisó Paola Sesia.
Agresiones ocultas
Entre las mujeres indígenas, la dimensión, la incidencia y las modalidades específicas de la violencia de género han permanecido ocultas para la atención institucional debido a la su naturalización, dentro y fuera de los pueblos y comunidades indígenas.
Influye también la persistencia de la idea de que se trata de un asunto privado y la falta de condiciones para identificarla y permitir su denuncia por parte de las mujeres indígenas.
En una entrevista, las investigadoras recopilaron que hay situaciones donde mujeres indígenas buscan atención médica y hasta apoyo psicológico, pero es común que no quieran denunciar a sus agresores, por la criminalización que se hace de ellas al responsabilizarlas de provocar la agresión.
