En Oaxaca, como en muchos lugares del país, la tortura se comete principalmente durante la detención de personas, su traslado y dentro centros de detención y penitenciarios, sin embargo no es reconocida, documentada ni sancionada.
En su Informe sobre Tortura o Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 2017-2018: Impunidad y Negación de la Tortura en Oaxaca, el organismo civil Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Condigo-DH), documentó estas prácticas en la revisión de expedientes de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) de 2017 y 2018, así como en la información obtenida de custodios y personal de seguridad de centros penitenciarios, obtenida a través de un cuestionario, y de testimonios de jóvenes estudiantes en riesgo de sufrir tortura o tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes (TPCID).
Entre los principales hallazgos de la investigación, encontró un patrón donde la población en riesgo de vivir tortura y TPCID, básicamente es la de varones jóvenes y adultos jóvenes con escolaridad de nivel básico a media superior o que se encuentren privados de su libertad en cualquier centro penitenciario.
Penales
Dentro de esto, se identificaron 26 métodos de tortura, que se aplicaron de manera combinada por directores de penales, custodios y personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), entre otros más, como los principales perpetradores.
Entre estos métodos, se encuentran insultos, negación de servicios médicos, sobre todo a personas recluidas que sufren enfermedades crónico-degenerativas, ingreso a la celda de castigo, en la mayoría de los casos, esto supone aislamiento, privación de alimentos y agua, golpes, entre otros, así como incomunicación, exposición directa a gas lacrimógeno o gas pimienta, privación de agua, lesiones por disparos con arma de fuego, exposición a sustancias químicas, aplastamiento con botas a con alguna otra parte del cuerpo, humillaciones, incomunicación y desnudez forzada.
Además, quemaduras, privación de necesidades fisiológicas, simulacro de ejecución, delación forzada, presenciar la tortura de otros, aplicación de descargas eléctricas, tortura sexual, discriminación y asfixia seca.
Inculpar a inocentes
La tortura también se ha ocupado como método de investigación, pues debido a la ineficacia de las instancias encargadas de indagar la comisión de delitos, parece más fácil hacer que alguna persona inocente, termine confesándose culpable de algún delito no cometido, a través de alguna de estas prácticas.
Aparte de este listado, también CODIGO-DH detectó que en los centros penitenciarios ocurre una serie de TPCID que están directamente vinculados con la situación de vulnerabilidad de los internos, por estar privados de la libertad.
Dentro de esto, cobros excesivos en las tiendas de los penales, amenazas de traslado a penales lejanos a sus familiares, humillación a familiares, restricción de la visita conyugal y venta de medicamentos a altos costos en el interior, así como negación al trabajo, a ropa y zapatos, a actividades recreativas, a llamadas telefónicas y a audiencias.
Ante esta situación, el organismo civil recomendó a la Fiscalía General de la República, promover la comunicación y coordinación entre las fiscalías especializadas en desapariciones y tortura, los centros de detención y la policía, porque existen omisiones de responsabilidad entre ellas.
Protección a denunciantes
Así como dar celeridad al Programa Nacional de Prevención de la Tortura y generar mecanismos de protección para las personas que quieran denunciar hechos de tortura, sean víctimas, testigos o inclusive miembros de corporaciones de las fuerzas de seguridad o de cualquier institución del Estado.
Mientras que al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, requirió visitar más frecuentemente los centros penitenciarios de Oaxaca y dar seguimiento de sus recomendaciones para su adecuado cumplimiento.
A la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, solicitó conformar de manera idónea la Unidad Especializada en Investigación contra la Tortura, asignar personal y presupuesto que permita cumplir su función y abatir el rezago de investigación de los casos.
Asimismo, investigar y sancionar a los servidores públicos acusados de tortura o TPCID.
En tanto, pidió a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, monitorear si los protocolos del uso proporcional de la fuerza de las diversas corporaciones policíacas se cumplen e instalar cámaras de videograbación en todos los espacios de detención, que cuenten con un monitoreo independiente de las corporaciones policiales.
Y por último, exhortó a la DDHPO promover la adecuada documentación de los casos de tortura y dar seguimiento puntual a los directores, personal de seguridad y custodios con mayor número de quejas por parte de las personas privadas de libertad, para generar sanciones y evitar nuevos abusos.
