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Piden castigo para autores de masacre

Foto(s): Cortesía
Octavio Vélez Ascencio

A once años de la masacre de tres de sus habitantes, la comunidad  de Santo Domingo Ixcatlán, región de la Mixteca, exigió a la Fiscalía General y al Tribunal Superior de Justicia brindar verdadera justicia a las víctimas para que sean ejecutadas las órdenes de aprehensión pendientes y sentenciados los procesados, pertenecientes a un grupo paramilitar.


“Solamente así se podrá restablecer la paz social en esta comunidad”, afirmó José Castañeda Martínez, representante de los beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


Expuso que un grupo paramilitar, encabezado por el entonces presidente municipal, Freddy Eucario Morales Arias, asesinó al secretario del Comisariado de Bienes Comunales, Melesio Martínez Robles y a los comuneros Gustavo Castañeda Martínez e Inocencio Medina Bernabé, el 30 de abril del 2008, en una de las calles de esa población.


Debido a ello, detalló que el Juzgado Mixto de Primera Instancia de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco inició el expediente penal 24/2008, por el delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja.



De esta manera, explicó que se libraron 16 órdenes de aprehensión en contra de Morales Arias, así como de Artemio Jiménez Martínez, Longino Ramírez, Héctor García Martínez, Oscar Castro García, Antonio Sánchez Cruz, Jorge García Castro, Delfino Jiménez Bernabé, Adrián Castro Hernández, José Alexis García García, Norberto García Maldonado, Saúl García Martínez, Bulmaro García García, Erick Jiménez García, Héctor Jiménez García y Gloria García Martínez.


Por esta situación, destacó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 19 de mayo de ese año, dictó medidas cautelares en beneficio de 177 pobladores, donde demandó al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para garantizar su vida e integridad física.


Ante esto, el representante demandó a la Fiscalía General del Estado detener a todos los responsables, porque solamente se han ejecutado ocho órdenes de aprehensión, mientras que al Tribunal Superior de Justicia condenar a los procesados.

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