Por un juicio de amparo promovido por la organización Litigio Estratégico Indígena, la 64 Legislatura local deberá reparar una omisión cometida desde hace 17 años y con esto, elaborar y aprobar la Ley de Consulta Previa en materia indígena, antes de la conclusión del segundo periodo ordinario de sesiones.
En caso contrario, los diputados podrían ser destituidos y puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, informó la vicepresidenta de ese organismo, Mariana Yáñez Unda.
La activista dijo que esta resolución fue asumida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en Cholula, Puebla, en la sesión de revisión administrativa del amparo R-496/2018.
Explicó que en esa sentencia el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región emitió una decisión histórica en favor de los pueblos y comunidades indígenas al ordenar a la 64 Legislatura local emitir la Ley de Consulta Previa, Libre, Informada, de Buena Fe y con Pertinencia Cultural, antes del próximo 30 de septiembre.
Precisó que en una primera instancia, el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca conoció de los juicios de amparo acumulados números 304/2018, 305/2018 y 306/2018, hizo eco de la petición de los quejosos y concedió el amparo.
Falta de reglamentación
Sin embargo, detalló que la Junta de Coordinación Política de la 63 Legislatura local no estuvo conforme e interpuso el recurso de revisión, pero fue declarado infundado por un tribunal colegiado.
En la demanda de amparo –asentó–, los quejosos reclamaron que la falta de reglamentación de la reforma constitucional en materia indígena, impedía el pleno ejercicio de sus derechos y por tal motivo, se veían en la necesidad de objetar la omisión legislativa.
Ante esto, subrayó que la 64 Legislatura local deberá ahora elaborar una Ley de Consulta Previa, Libre, Informada, de Buena Fe y con Pertinencia Cultural, porque se requiere un mecanismo para posibilitar a los pueblos indígenas a dar su opinión respecto de proyectos administrativos en caso de verse afectados.
Hizo un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), al Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH), al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) a convertirse en supervisores y ser garantes del proceso legislativo y se recopilen los mejores estándares internacionales y las buenas prácticas sobre consulta previa en el mundo.
