Al menos 33 órdenes de aprehensión continúan vigentes por los hechos violentos registrados en Eloxochitlán el 14 de diciembre del 2014 por el control del ayuntamiento.
El comité de acompañamiento de las siete personas que fueron detenidas, expusó que a cuatro años del enfrentamiento que cobró la vida de una persona, la impartición de justicia se torno política.
Tras cuatro de exigir justicia, esta mañana los familiares en compañía de abogados, declararon a los detenidos como presos políticos.
A pesar de estar acusados de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, los familiares de los detenidos aseguran que las declaraciones y el peritaje practicado a la víctima son un fraude.
Lo anterior en base a que Elisa Zepeda Lagunas, hermana de la víctima fallecida tras los hechos violentos, ocupa un lugar en la legislatura local.
Por este enfrentamiento que se dio en la centro de la población, las autoridades estatales libraron órdenes de aprehensión en contra de todas los integrantes del cabildo, aunque únicamente el entonces presidente municipal ha sido detenido.
Los acusados son Jaime Betanzos Fuentes, Herminio Avendaño, Fernando Martínez, Omar Hugo Morales, Alfredo Bolaños, Miguel Ángel Peralta y Francisco Durán, cinco de ellos permanecen detenidos en Santa Maria Ixcotel y dos en el penal de Cuicatlán.
Todos están acusados por el mismo delito, homicidio calificado bajo las agravantes de alevosía, premeditación y ventaja.
A cuatro años del enfrentamiento que además dejó seis heridos, este jueves, los defensores de los detenidos demandaron a la autoridad estatal revisar cada uno de los expedientes.
“Nadie minimiza lo que pudo haber pasado, a lo mejor vehiculos incendiados, una sola casa dañada con fuego; ocurrieron cosas, pero una cosa es lo que a lo mejor de manera espontánea ocurrió en una actitud de defensa y a lo mejor una actitud de venganza si quieren pero otra cosa muy distinta es lo que se planteó en los expediente fabricando delitos graves” señaló Argelia Betanzos Zepeda.
En aquella fecha la autoridad encargada de estos hechos era la Procuraduría General del Estado a cargo de Héctor Joaquín Carrillo Ruiz.
