CIUDAD DE MÉXICO.- El Estado mexicano es internacionalmente responsable por la desaparición forzada de tres personas durante el Operativo Conjunto Chihuahua en 2009, sentenció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Se trata del caso de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes, quienes en lugares distintos fueron detenidos por militares la noche del 29 de diciembre de ese año en el municipio de Buenaventura.
En la sentencia, que fue notificada ayer, la Corte se refirió también sobre la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, la cual -dijo- deben ser extraordinaria, subordinada a corporaciones civiles, regulada y fiscalizada.
En su resolución, el tribunal hemisférico recordó que Felipe Calderón inició en su Gobierno la llamada "guerra contra el narcotráfico", que consistió en el despliegue de militares mediante los llamados operativos conjuntos, estrategia que no cambió con Enrique Peña Nieto.
"En el presente caso la Corte verificó la existencia de un contexto de desapariciones, así como de un patrón de impunidad en México en el periodo materia de análisis", señaló la sentencia.
"Ello derivado, en parte, por la militarización como estrategia de seguridad pública en la 'guerra contra el narcotráfico' iniciada en 2006. En particular se acreditó un incremento en la violencia criminal y las violaciones a los derechos humanos asociadas a la implementación de los 'Operativos Conjuntos'".
Por la desaparición de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes, la Corte ordenó que se investiguen los hechos y el paradero de las víctimas.
También que se realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad y se brinde protección a familiares, los cuales fueron hostigados y amenazados, además de otorgar las indemnizaciones correspondientes, entre otros puntos.
