El Gobierno del Estado gastó de manera excesiva y desproporcionada, toda vez que, de acuerdo con el análisis de los ejes estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo en Estado de Derecho, Gobernabilidad y Seguridad hubo un sobre gasto de mil 600 millones de pesos; en Crecimiento Económico y Empleo, de 815 millones; y en Desarrollo Social y Humano, de 6 mil 700 millones de pesos, aseguró la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Paola Gutiérrez Galindo, al anunciar el voto en contra de sus compañeros del bancada al dictamen de la Cuenta Pública 2017.
Subrayó que también existe en gasto corriente un exceso de los 11 mil millones de pesos, para consolidar una burocracia cara y un gobierno que de ninguna manera fue austero, eficiente y transparente.
Expresó que previo a la realización de la sesión extraordinaria no les fue remitido de manera oficial el dictamen relativo a la cuenta pública, en plena contravención al régimen parlamentario y, por consiguiente, no es posible determinar con objetividad su contenido y emitir las reservas correspondientes.
“La premura de aprobar hoy la Cuenta Pública 2017 obedece a la intención de legitimar una cuenta a modo y de esa forma blindar al Gobernador para evitar que se pueda conocer, analizar y resolver sobre los excesos, las deficiencias y las irregularidades financieras que han caracterizado a esta administración”.
Congreso sometido
Añadió que además queda demostrado el sometimiento del Poder Legislativo ante las prioridades y tiempos dictados por el Poder Ejecutivo, “sepultando así la soberanía del Congreso y dejando en la congeladora las iniciativas y los acuerdos presentados por los propios diputados, trabajo que debió aprobarse antes de concluir el periodo legal de esta legislatura”.
“Morena no será parte del bono de complicidad e impunidad que se otorgará al Ejecutivo estatal a través de la aprobación de la Cuenta Pública 2017; por ello emitiremos nuestro voto en contra del dictamen”.
Por su parte, la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María de las Nieves García Fernández, dijo que ellos cumplen con su responsabilidad de dictaminar la cuenta pública, pero su aprobación no exime que se proceda legal o administrativamente en contra de algún servidor público que haya cometido desvío de recursos.
“Simplemente nosotros estamos cumpliendo como legisladores nuestra función de dictaminarla y por supuesto los servidores públicos tienen 30 días hábiles para solventar alguna observación del órgano fiscalizador y luego, el propio órgano autónomo tendrá aproximadamente 120 días para resolver lo conducente”.
-¿No hay protección, exoneración?
-No, no, no. Simplemente cumplimos con un mandato que le corresponde al Poder Legislativo.
- Ustedes no aprobaron las cuentas públicas 2014. 2015 y 2016 por un supuesto quebranto de 35 mil millones de pesos en el pasado sexenio, pero en el 2017 hubo un sobre gasto de 11 mil millones de pesos en gasto corriente, ¿cómo se explican esto?
-Bueno, esa es una situación que se tiene que revisar y el gobierno tendrá que fundamentarlo.
Acuerdo previo
En tanto, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Mendoza Reyes, justificó el voto a favor de su bancada con el argumento de que la comisión de vigilancia estudió el tema para elaborar el dictamen.
Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Vigilancia del Órganos Superior de Fiscalización, la perredista Eva Diego Cruz, se dedicó a leer fragmentos del documento que les entregó el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (Osfeo), sin aportar mayor análisis sobre la cuenta pública.
Por lo que se hizo evidente que el PRI, PAN y PRD, así como los diputados del Partido del Trabajo (PT), Partido Unidad Popular (PUP), Partido Encuentro Social (PES) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) llegaron con acuerdo previo a la sesión extraordinaria, para votar a favor de la Cuenta Pública 2017.
