Aunque la ley prevé la comparecencia del ex auditor Carlos Altamirano Toledo frente al Congreso del Estado para explicar las irregularidades detectadas en las Cuentas Públicas de los últimos 3 años de la administración del ex gobernador Gabino Cué Monteagudo, no regula los actos de encubrimiento de la figura de un auditor.
Este hecho, sumando a la falta de una denuncia formal y el posible seguimiento a la misma, son cuestiones que, en opinión de expertos, podrían frenar la aplicación de la justicia.
Después de que la 63 legislatura del Congreso del Estado rechazó antier las 3 últimas cuentas públicas de la administración anterior por irregularidades en los recursos ejercidos, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, señaló que el órgano que encabeza está en la espera de una denuncia formal por parte de los entes encargados de la fiscalización en Oaxaca.
El titular explicó que tanto la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental o el Órgano Superior de FIscalización son los entes encargados de dar seguimiento a la denuncia de los diputados y analizar si realmente hubo irregularidades.
Asimismo, aseguró que, una vez que la Fiscalía Anticorrupción tenga luz verde para iniciar un proceso penal en contra de servidores públicos que puedan estar involucrados, la sanción podría derivar en la privación de la libertad de los implicados, y la Contraloría, por su parte, podría inhabilitarlos.
Sin embargo, el abogado especializado en materia fiscal, Miguel Ángel Saavedra, señaló para NOTICIAS que hay pocas posibilidades de que el ex auditor pueda ser sancionado.
"La ley federal prevé su comparecencia para dar aclaraciones frente a dudas de la Comisión del Congreso, pero la ley local no establece como una falta del auditor el encubrir este tipo de irregularidades, no digo que no se pueda sancionar, pero la ley del Órgano Superior de Fiscalización no lo prevé" advierte.
Señala que esta laguna pudo estar prevista por los legisladores, pues sin una sanción por ello no es posible iniciar un procedimiento.
Asimismo, señala que, en caso de iniciar un proceso, sería por contribuir a dañar la Hacienda Pública, y que una posible pena podría alcanzar desde 3 y hasta 6 años de prisión.
Cabe recordar que Carlos Altamirano Toledo fue removido en el cargo luego de la reforma constitucional que creó el OSFE, actualmente, el exfuncionario exige le sean entregados 3 millones 848 mil 781.64 pesos como indemnización.
