Si bien la operación de la mina San José, propiedad de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, afecta directamente el ámbito rural de San José del Progreso y sus alrededores, poco se ha analizado sobre las implicaciones que originaría en la ciudad, afirmó el coordinador general de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Marcos Leyva Madrid.
Al dar a conocer la celebración de la Primera Charla “Impactos de la minería en la ciudad”, organizada conjuntamente con Oxfam, el activista expuso que la situación en los Valles Centrales se torna particularmente preocupante, porque aproximadamente el 80 por ciento del territorio de los distritos de Ocotlán de Morelos, Zimatlán de Álvarez, Ejutla de Crespo, Miahuatlán de Porfirio Díaz y Tlacolula de Matamoros, se encuentra concesionado para la explotación minera.
Explicó que tanto la mina San José, como El Águila, ubicada en San Pedro Totolapan, ambas en explotación, se han documentado y denunciado una serie de impactos importantes para la región, entre estos: económicos, ambientales, sociales y culturales.
Incluso, detalló que la compañía minera canadiense Fortuna Silver Mines tiene concesionadas 80 mil hectáreas, equivalentes a 10 veces el tamaño de la ciudad de Oaxaca.
Dentro de estas, 720 hectáreas del municipio de San José del Progreso, señaló.
Impacto permanente
Destacó que el desmonte, remoción de suelo, nivelación, compactación y creación de nuevos caminos, generarán impactos permanentes al ambiente, como alteración de la geoforma y de la profundidad del suelo, erosión y pérdida de suelo natural.
Además de esto, subrayó que según el Programa de Monitoreo Ambiental del Proyecto, elaborado por el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR), afecta al medio ambiente por la luminosidad del trabajo nocturno, por el consumo de agua de mil 500 metros cúbicos por día, equivalente a un millón 500 mil litros y por la existencia de una presa de jales con sustancias potencialmente tóxicas.
En este embalse se almacenarán dos millones 306 mil 752 metros cúbicos, equivalente a dos mil 306 millones 752 mil litros de contaminantes, al finalizar las operaciones de la mina, anotó.
A eso –anotó–, se suman el ruido y las vibraciones en el suelo, generadas por la detonación de explosivos para la extracción de minerales, que se perciben hasta ocho kilómetros de distancia, principalmente en las comunidades aledañas, Monte del Toro, Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa y La Noria de Ortiz.
Vida rural, en peligro
Resaltó que estas implicaciones socio-ambientales afectan directamente los ámbitos rurales, principalmente campesinos e indígenas, pero poco se ha hablado sobre las afectaciones en el ámbito urbano.
De esta manera, dijo que Educa y Oxfam plantean iniciar la discusión, en términos de la íntima relación existente entre el campo y la ciudad, por las consecuencias de la actividad minera sobre esta última, incluso cuando opera a muchos kilómetros de distancia.
Pues, las comunidades concesionadas se dedican principalmente a la producción de alimentos para autoconsumo y comercialización de maíz, calabaza, chiles, tomate y otras hortalizas que se consumen en la ciudad, que eventualmente podrían estar contaminadas por la actividad minera, agregó.
Leyva Madrid dijo que el análisis permitirá ubicar este y otros probables impactos en el ámbito urbano de la actividad minera, sobre todo en la calidad del agua y la producción alimentaria, para generar mayor conciencia y una vinculación con las experiencias de defensa de la tierra y los territorios de las comunidades directamente afectadas,
