El gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador enfrentará un gran reto no solamente para tratar de devolver la confianza a los pueblos indígenas con hechos concretos, sino también en la creación del andamiaje constitucional necesario a fin de resolver los conflictos y desafíos cotidianos.
“Existen instrumentos internacionales para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, pero no se aplican en la realidad, porque no se han armonizado en nuestras leyes”, afirmó el coordinador de Asuntos Indígenas del equipo de transición, Adelfo Regino Montes.
El ex asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), sostuvo que la administración de López Obrador impulsará la armonización de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ni los Acuerdos de Durban sobre los Derechos del Pueblo Afrodescendiente, en la Constitución y en las leyes secundarias, para cumplir esos acuerdos internacionales.
“Son instrumentos que no están en la Constitución ni en las leyes y por tanto, no se aplican ni en las instancias gubernamentales ni en los tribunales”, asentó.
De esta manera, resaltó que López Obrador promoverá la armonización de estos instrumentos internacionales, así como la aprobación de la Ley de Consulta Indígena y los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados por el EZLN y el gobierno federal, para el respeto de su territorio y sus formas de organización y autonomía.
Destacó que el reconocimiento constitucional del pueblo negro afromexicano constituye también una de las prioridades del nuevo gobierno, por ser un acto elemental de justicia social.
Aunque, subrayó que el desafío no será solamente de López Obrador sino también de las cámaras de Diputados y de Senadores, así como de los congresos estatales, para poner en el centro las justas demandas de los pueblos indígenas y afromexicano, más no los intereses de los poderosos.
“Ese fue el mandato del pueblo el 1 de julio”, asentó.
Destacó que el nuevo gobierno también revisará las concesiones mineras, eólicas e hidráulicas otorgadas por las anteriores administraciones en territorio de los pueblos indígenas, porque se hicieron sin su consulta y su consentimiento, y con esto, los tribunales puedan determinar la legalidad de estos actos administrativos.
