“Desaparecer el Consejo de la Judicatura constituye un retroceso al avance democrático de la entidad, porque implica regresar el Poder Judicial a las manos de camarillas políticas para su uso faccioso y mercantil”, afirmó el diputado de Morena, Carol Antonio Altamirano.
Subrayó que de aprobar esta iniciativa los diputados del PRI y sus partidos satélites, Oaxaca sería el primer estado del país en revertir esta figura legal, que permite una evaluación, control y promoción al interior del Poder Judicial a cargo de un órgano especializado y equilibrado, además dotado de autonomía técnica.
“En pocas palabras, sería regresar al presidente del Tribunal Superior de Justicia todo el poder, todo el control y toda la toma de decisiones sin ningún contrapeso, algo que los oaxaqueños acaba de rechazar en las urnas el pasado domingo, donde dijeron no a las actitudes arbitrarias, autoritarias y corruptas”.
El diputado federal electo señaló que el pretendido argumento del costo del Consejo de la Judicatura es una distracción, “porque si el gobierno y el PRI quisieran, es mejor que se revise el gasto del gobierno estatal, que no ha acreditado ningún resultado concreto a pesar de ejercer miles de millones de pesos cada año; y si el ánimo fuera transferir recursos al Poder Judicial podría hacerse cancelando gastos superfluos de la administración estatal”.
“La realidad es que hay una maniobra de carácter político en esta reforma, porque la intención final de la desaparición del Consejo de la Judicatura es permitirle al PRI y al gobernador del estado, fortalecer sus alianzas con algunos sectores del Poder Judicial para tomar el control total del mismo, sin contrapesos de ningún tipo”.
El legislador advirtió: al destruir el Consejo de la Judicatura , como mecanismo de gobierno del Poder Judicial, se abre la puerta para el nombramiento, promoción y destitución de los jueces del estado a capricho de quienes encabezan al Poder Judicial y allana el camino a las intromisiones del mandatario estatal.
Recordó que el Consejo de la Judicatura se integra por 5 consejeros: uno es el presidente del Tribunal Superior de Justicia, más un consejero magistrado y un consejero juez, a los que se agrega un consejero designado por el Ejecutivo y otro por el Congreso.
“La tarea básica de este órgano en el que participan los tres poderes es lograr que la carrera judicial se separe de criterios políticos, de cuotas y de amiguismos, para que el desempeño de los jueces y funcionarios judiciales sea controlado, evaluado y sancionado por un órgano imparcial, distinto a las inercias y presiones e incluso a la cercanía a las decisiones políticas”.
Aseguró que es una reforma en la que la valoración para nombrar y remover jueces ya no la haría un órgano especializado en esa función, con criterios técnicos, sino que la ejercería el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y con el riesgo de intromisión de otros poderes.
“En el contexto político del país y de Oaxaca, lo que se advierte es una intención para que los grupos cercanos al poder, en un acto de desesperación política, se blinden y se apropien del Poder Judicial, cancelando la existencia de un órgano técnico e imparcial”.
