“En general los ciudadanos tienen poca conciencia de la importancia de los datos personales que entregan a instituciones públicas o privadas, por eso no hacen nada para exigir que se sancione a quienes dan un uso inadecuado de los mismos”, afirmó la jefa del Departamento de Protección de Datos Personales y Archivo del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), María Magdalena Pérez García.
Al dar a conocer que hasta el momento el IAIP no ha recibido ninguna denuncia por el uso de datos personales en este proceso electoral, por invitar vía telefónica a votar por un candidato, levantar una encuesta o apoyar a un partido político, sostuvo que en Oaxaca no hay una cultura de protección de los datos personales.
Comentó que la ley de protección de datos personales estatal se publicó el 29 de noviembre del 2017, hace apenas siete meses.
-¿Y de manera general cuántas denuncias por uso indebido de datos personales han recibido en el instituto?
-Ninguna.
Pérez García manifestó que el desconocimiento sobre la importancia de los datos personales, hace que las personas no presten mucha atención al mal uso que se les pueden dar tanto por parte de empresas particulares, como instituciones públicas.
En el caso de las llamadas telefónicas para realizar proselitismo electoral explicó que es necesario comprobar que se utilizan datos personales para contactar a las personas. “Para ello es necesario que uno de los afectados presente una denuncia ante el IAIP y aporte las pruebas”.
-¿Los partidos políticos no podrían estar utilizando los listados nominales que se les entregan para contactar a los ciudadanos por medio de llamadas telefónicas?
-Pues el problema es que hay que aportar pruebas. El asunto tendría que ser tratado directamente en el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), porque son distintas competencias y hay elecciones concurrentes en el estado.
Dijo que el procedimientos para sancionar este tipo de acciones, considera las siguientes etapas: denuncia, presentación de pruebas, solicitud de informes y sanción. Las sanciones pueden ser desde una amonestación pública hasta una económica, que puede ir de 150 a mil 500 unidades de medida.
Subrayó que todos los ciudadanos tiene el derecho de proteger su información personal, “que somos nosotros los que decidimos a quién se la proporcionamos y se nos informe para qué la van a utilizar”.
