Vaga y en papel es como define la presidenta Comité Técnico de Cambio Climático en Oaxaca, Tzinnia Carranza López, la política gubernamental para la conservación de la biodiversidad, a pesar de ser una riqueza que coloca a la entidad en el primer lugar a nivel nacional.
Como la ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, la política que la actual administración trazó en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2022, no ha pasado de las generalidades a la acción.
“En el Plan Estatal de Desarrollo se menciona la conservación y el impulso de proyectos para proteger la biodiversidad. Desde un plano general está contemplado”, pero en opinión de la también directora de la organización Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias (EECO), de ahí no pasa.
Sin negar que “hay cosas buenas”, sobre todo en la legislación, resaltó que el problema radica en que “no se llevan a cabo”, como el Programa Estatal de Cambio Climático de Oaxaca, asentado en el objetivo dos del quinto eje del Plan Estatal de Desarrollo.
A nivel federal es competencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) carece de personal y capacidad para sancionar las diversas problemáticas que amenazan la biodiversidad, como la tala clandestina y el saqueo de fauna silvestre.
Recordó que en cuanto a legislación “existe toda una polémica” en torno a la aprobación de la Ley de Biodiversidad porque su enfoque permite la explotación de las especies volviéndolas “mercancía”.
Y reflexionó: “Hace falta una Ley de Biodiversidad que en verdad proteja las especies, en vez de permitir su explotación”.
Contrario a esa tendencia en la Ley, Oaxaca se destaca a nivel internacional por ser un ejemplo de la conservación de la tortuga golfina en la zona costera de Mazunte y en cuanto al manejo forestal sustentable en la Sierra, lo cual se debe a las comunidades y organizaciones sociales.
Ese logro de conservación se sustenta porque “está en manos de las comunidades” y no de una empresa o autoridades estatales.
