"Los pueblos y comunidades indígenas no tienen una herramienta legal para hacer valer sus derechos. Carecen de mecanismos legales que los protejan contra proyectos estatales o federales que acontezcan en sus territorios", asevera el abogado Carlos Morales Sánchez, presidente de Litigio Estratégico Indígena, asociación civil que ganó un amparo para obligar al Congreso de Oaxaca crear la Ley de Consulta Indígena, Previa, Informada y de Buena Fe antes del próximo 30 de septiembre.
16 años de omisión
Morales Sánchez explica que los diputados han demorado 16 años en legislar sobre los derechos indígenas. "Ignoró porque no lo han hecho, pero es necesario que los pueblos cuenten con ello", asenta.
Y es que el abogado detalla que desde el 14 de agosto del 2001, es un mandato constitucional que los Poderes Legislativos trabajen en reglamentar el artículo de la Ley Suprema sobre la consulta indígena.
"Este artículo es un catálogo de los derechos de los pueblos indígenas y desde el 2001 la reforma constitucional indígena ordena a las autoridades legislativos reglamentar para que los pueblos cuenen con un mecanismo vigente con el cual respaldarse" ,menciona Morales Sánchez.
Lamenta que sin las leyes reglamentarias, los sujetos quedan desprotegidos en términos locales y por ello deben hacer uso de legislación federal y sobre todo internacional para manifestar sus exigencias e inconformidades ante proyectos administrativos que puedan afectar sus territorios.
"Los pueblos todavía no tienen posibilidades de ejercer sus derechos porque no hay una ley que diga exactamente cómo deben ejercerlos. La omisión es atribuible al legislador tanto federal como local" afirma.
Empresas eólicas y mineras, objeto de rechazo en pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca
Rechazo a consultas
Asimismo, el asesor jurídico del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Víctor Leonel Juan Martínez, abunda en que en el 2015 esta asociación, en colaboración con Oxfam, entregaron al Congreso del Estado 8 mil firmas para que los diputados aprobaran iniciativas de ley concernientes a los Pueblos Indígenas y Afromexicanos de Oaxaca, "Pero la propuesta no pasó", lamenta.
Explica que, si bien los diputados legislaron sobre la revocación anticipada de mandato, el reconocimiento al pueblo afromexicano, la obligación de las autoridades de traducir las disposiciones legales a merced de las poblaciones indígenas y demás derechos, el Poder Legislativo omitió trabajar los derechos esenciales para lograr un pleno respeto a los pueblos y comunidades indígenas.
"Lo sustancial que era la libre determinación, el reconocimiento a su autonomía, el derecho al territorio y a la consulta indígena, sobre ello no quisieron hacer nada", rememora.
La defensa
Los abogados de Litigio Estratégico Indígena, refiere Morales Sänchez, promovieron amparos en beneficio de 15 personas indígenas. Y específicamente en representación de 3 personas indígenas zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca, la asociación civil promovió un amparo ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito de Oaxaca.
"Aquí el Juez Federal resolvió el juicio de amparo en primera instancia, y ordenó al Congreso del Estado de Oaxaca que construya a la Ley de Consulta Previa Libre e informada y de buena fe. Le dio el plazo hasta el dia 30 de septiembre de este año".
Empero, Morales Sánchez, señala que es posible que la autoridad legislativas promueva un recurso de revisión. "Lo que retardaría el procedimiento", asevera.
Los pueblos y comunidades indígenas han manifestado su rechazo a los proyectos federales, esperando ser tomados en cuenta.
Aún así, el abogado resalta que esta resolución forma parte de las sentencias históricas que los juristas oaxaqueños han obtenido.
El amparo contra omisión legislativa, explica, "es una herramiento que tienen los ciudadanos para ordenar a los Congresos que legislen sobre los deberes emanados de la Constitución".
Daño invaluable
Morales Sánchez espera que los diputados no se opongan a la resolución judicial y trabajen en cumplir con su obligación para con los pueblos y comunidades indígenas.
Ya que, menciona, la omisión que el Poder Ejecutivo ejerció por 16 años ha tenido consecuencias que han dañado a personas y familias enteras que carecen de herramientas jurídicas para defenderse.
"Por poner un ejemplo. La Constitución dice que la personas indígenas deben contar con un traductor en un procedimiento penal y, derivado de la omisión, no tenemos una ley que nos explique qué institución debe proveer ese servicio, debe garantizar ese derecho. Por eso hay tantas dificultades con nuestros indígenas presos", culmina.
Esperan consulta:
San Marcos Zacatepec, Juquila
San Mateo Yucutindoo
San Juan Sosola, en el municipio de San Jerónimo Sosola
San Andrés el Alto
San Fernando Matamoros, en San Antonino el Alto
San Pedro Tulixtlahuaca en San Antonio Tepetlapa
San Mateo Río Hondo
Alumbramiento de agua en el Valle Eteco
Fuente: CDI
