La 63 legislatura del estado exhortó al Congreso de la Unión a que, en el análisis de la minuta que expide la Ley General de Biodiversidad, dicha iniciativa sea sometida a un proceso de consulta amplia con la representación de las partes interesadas: académicos, consultores y organizaciones de la sociedad civil y especialmente las comunidades indígenas, en cumplimiento al marco legal vigente a nivel internacional y nacional.
En el dictamen de la Comisión Permanente de Ecología se precisa que la mayor parte de la biodiversidad del planeta se concentra en 12 países conocidos como mega diversas, de éstas México ocupa el quinto lugar a nivel mundial, al albergar aproximadamente entre el 10 y el 12 por ciento del total de organismos.
Añade que desafortunadamente en muchas partes de nuestro planeta la pérdida de la biodiversidad y la rápida destrucción de los ecosistemas, especialmente en los trópicos, ha llevado a los expertos a concluir que probablemente una cuarta parte de la totalidad de la diversidad biológica del planeta estará en serio peligro de extinción durante los próximos 20 a 30 años.
Señala que para los habitantes de nuestro país el valor intrínseco de la diversidad biológica y de los valores ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos tienen una especial relevancia por ser el sustento principal de las poblaciones humanas, específicamente de nuestros pueblos originarios y comunidades campesinas y por ende, su conservación y el uso sostenible de sus recursos son de vital importancia para el bienestar nacional.
Subraya que es obligación del Estado garantizar, construir y proteger a las comunidades indígenas a que ejerzan su derecho de participación en los procesos legislativos, respecto de iniciativas que directamente puedan causarles alguna afectación en la esfera de los derechos colectivos de sus pueblos y comunidades indígenas y por tal razón, es necesario que el Estado garantice a favor de estos grupos su derecho a la consulta previa, libre e informada.
Sostiene que la dictaminación de la Ley General de Biodiversidad, por parte del Congreso de la Unión, ha causado seria preocupación entre diversos sectores involucrados en el tema de la biodiversidad, debido a que no se ha tomado en cuenta la apertura suficiente hacia la sociedad y menos aún a los pueblos y comunidades indígenas, lo que contraviene el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
