El vicecoordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Horacio Antonio Mendoza, exhortó al titular de la delegación estatal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informe al Congreso quién solicitó el uso del ex convento de Cuilápam de Guerrero, para efectuar un evento social privado el pasado 17 de marzo.
Quién autorizó su uso, cuál fue el monto pagado por su renta y el destino de los recursos.
Además, exhortó a la Secretaría de Función Pública abrir una investigación y fincar responsabilidades por el uso de este monumento histórico; y, también, a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, con la finalidad de que realice una investigación y ,en su caso, se finquen las responsabilidades que correspondan por la posible intervención de funcionarios del gobierno del estado y por el reprobable desvío de recursos humanos y financieros del erario para la realización de dicho evento.
En la sesión ordinaria de la legislatura, comentó que el inmueble histórico, de acuerdo con versiones recopiladas por diversos medios de comunicación, habría sido utilizado para la boda de Enrique Stacpool Madrigal, ex secretario particular del gobernador del estado.
“Desgraciadamente, no es la primera ocasión que se celebran fiestas en monumentos históricos en nuestro estado. La delegación del INAH, encargada de resguardar los inmuebles considerados como zonas arqueológicas y monumentos históricos, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, ha permitido que se realicen este tipo de eventos desde hace aproximadamente cinco años”.
Siglos de historia
Señaló que la ley, en su artículo 36, define como monumentos históricos a los inmuebles construidos entre los siglos XVI al XIX, como es el caso del ex convento de Cuilápam de Guerrero; sin embargo, en ninguno de sus artículos ni en los de su reglamento, señala las condiciones o sanciones que se aplican cuando este tipo de inmuebles se utilizan para actos o actividades ajenas a su objetivo.
Afirmó que este vacío legal en torno a la protección de los monumentos y sitios históricos, ha dado pie a su utilización sin control alguno, sin que se transparente quien otorga dichos permisos y en base a qué facultades lo hacen, cuántos recursos se obtienen por la renta de estos espacios y cuál es su destino o aplicación; “lo que sí es claro, es que utilizar espacios en los que se ha escrito la historia de nuestro país como salones de fiestas es un insulto no solo a la ciudadanía, sino a nuestra propia identidad como mexicanos”.
Manifestó que por ello es necesario saber quien autorizó la realización de este evento privado en una zona protegida, con qué derecho o facultades legales se permite el detrimento de nuestro patrimonio nacional, y sobre todo, que se finquen las responsabilidades a los funcionarios públicos que en evidente abuso a sus funciones, hacen uso indebido de los monumentos históricos en nuestro estado.
