En el año tres meses de la administración estatal de gobierno, en Oaxaca se han registrado 9 asesinatos de luchadores sociales, 11 allanamientos de viviendas y dos desapariciones forzadas, además de los 145 feminicidios sin ningún tipo de castigo para los responsables, denunció el Frente Unificador de Sindicatos Independientes, Oaxaqueños y Nacionales (FUSION).
Las organizaciones que integran el movimiento social en la entidad, solicitaron al mandatario estatal, Alejandro Murat Hinojosa, frenar la grave situación de violencia que se padece en la entidad, de lo contrario "que renuncie al cargo", sentenciaron.
“Exigimos a Alejandro Murat que asuma el rol de gobernante, que cese toda esta serie de ataques o renuncie porque muestra incapacidad”, lanzó Jessica Sánchez Maya de Consorcio Oaxaca A.C.
Consideró que a la fecha el gobierno estatal no ha logrado garantizar la vida de las mujeres, al registrar en lo que va de su gobierno 145 asesinatos violentos contra féminas, y tampoco a garantizado la tranquilidad para el resto de la sociedad oaxaqueña.
De su lado, Cristóbal Ramírez, integrante del Comité de Defensa de Derecho Indígenas (Codedi) cuestionó la falta de resultados para dar con los responsables de la ejecución de Alejandro Antonio díaz Cruz, Ignacio Ventura Martínez y LuIs Ángel Martínez, fundador e integrantes de esta organización, así como el intento de asesinato de Abraham Ramírez Vázquez quienes después de una reunión con el gobierno del estado fueron emboscados a balazos.
Victimización de la S-22
Por su parte, el líder de la Sección 22 del SNTE, Eloy López Hernández señaló que por exigir las demandas legítimas del magisterio, cinco profesores fueron rociados con ácido muriático por funcionarios del IEEPO.
“Hacemos la denuncia y exigimos que sean atendidas las demandas, se respeten nuestros derechos laborales y civiles. Desde aquí le decimos al gobierno de Alejandro Murat y de Enrique Peña nieto que ¡ya! ponga un alto al terrorismo de estado”.
Acusó que de los asesinatos ocurridos contra profesores no ven avances por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, y otros casos como los 8 asesinatos ocurridos el 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, así como para las 14 víctimas del helicopterazo ocurrido en Jamiltepec.
De esta manera, los representantes de FUSION responsabilizaron al gobierno estatal de cualquier represalia en contra de activistas sociales, sindicales y defensores de derechos humanos que alzan la voz para denunciar arbitrariedades.
