Marcelino Mejía García, indígena oriundo de Pinotepa Nacional, cumple 8 años preso por un delito que presuntamente no cometió. Tortura física, psicológica y las amenazas contra su familia a las que fue sometido terminaron por hacer que firmara una hoja en blanco en 2009, prácticamente su sentencia.
De acuerdo al informe 2016-2017 de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) sobre El acceso a la justicia de personas indígenas privadas de libertad en Chiapas y Oaxaca, en estos dos estados se concentra el 45% de la población indígena en el país, donde las violaciones de derechos humanos durante la detención fueron una constante.
El informe confirma que las personas indígenas privadas de libertad son objeto de graves violaciones a sus derechos humanos relacionadas particularmente con: la detención, aplicación de la prisión preventiva, el acceso a un intérprete traductor, el acceso a una defensa adecuada y las condiciones de vida dentro de los Centros de Reinserción Social.
En Oaxaca y Chiapas se concentra el 45% de población indígenas del país
En Oaxaca: 20.3% de los indígenas presos fueron sacadas del lugar donde se encontraban
20.1% fueron detenidos en la calle
83% fueron detenidos sin una orden de aprehensión
50% sufrió tortura
De tanto golpe Marcelino se declara culpable
De tanto toque en los testículos, golpes en todas partes del cuerpo y amenazas hacia su familia por parte de los policías, Marcelino Mejía García accedió a firmar una hoja en blanco; no sabía lo que hacía, solo quería que ya no lo golpearan, narró a sus abogados.
Era finales de mayo de 2009, parecía un día normal como cualquier otro, pero para Marcelino Mejía no era su día de suerte. En su camino diario al trabajo ocurrió un asesinato y, sin darse cuenta cómo, se vio involucrado.
En el municipio de Santiago Pinotepa Nacional el joven se dirigía tranquilo hacia lugar de trabajo, de pronto escuchó disparos, corrió para ver qué había sucedido y solo alcanzó a ver la espalda de una persona fugándose y otra persona más tirada en medio de un charco de sangre.
Su reacción fue acercarse a ver lo que pasó, pero de repente fue asegurado por Agentes Estatales de Investigación quienes llegaron al lugar y lo detuvieron como el presunto responsable.
En el informe policial, los agentes involucraron a Marcelino, ya que -según ellos- lo encontraron corriendo, y supuestamente al revisarlo le hallaron dos armas de fuego.
Marcelino entendía poco el castellano, no sabía qué pasaba, porqué estaba detenido y de qué se le acusaba.
¿Fábrica del culpables?
El indígena fue presentado a la agencia del ministerio público en Pinotepa, ahí comenzó la tortura física y psicológica hasta que finalmente firmó, "sí, firmó su sentencia sin saberlo, podemos decirlo así porque no sabía leer ni escribir", señala su abogado, Gerardo Martínez, de Centro de Profesionalización Indígena de Asesoría Defensa y Traducción A.C (Cepiadet).
Esta declaración bastó para el juzgado Mixto de Pinotepa Nacional, quien sin más pruebas lo procesó y condenó a 30 años de prisión. Marcelino cumplió 8 años recluido en el penal de Santa Catarina Juquila, un lugar que se encuentra a casi 5 horas de su comunidad natal y de sus familiares.
El abogado de Marcelino, detalló que impugnaron la sentencia dictada a su representado debido a que después narró la forma en que fue obligado a declararse culpable.
Explica que hace dos años, a través de un tribunal colegiado, lograron un amparo para que a Marcelino se le aplicará el protocolo de Estambul y confirmar los actos de tortura que refirió fue sometido, “ya va para dos años y el estado no tiene el personal especializado para saber si lo que está diciendo Marcelino es cierto”.
Además, se ordenó que el juez diera parte al ministerio público para que investigara los hechos, pero a pesar de que la carpeta de investigación se inició, los avances son nulos. Por estos hechos, se promovió un incidente de inejecución de sentencia porque no se ha podido dar cumplimiento a el amparo, el caso está ahora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Marcelino, la injusticia para indígenas
Gerardo Martínez señala que el informe de Asilegal rarifica lo que ocurre en materia de justicia para los indígenas del país.
"El informe publicado confirma lo que ya se ha dicho y es de todos conocidos: el Estado está juzgando a personas indígenas sin la capacidad para hacerlo y sigue empleando las peores formas de violación a derechos humanos para declararlos culpables".
El caso de Marcelino, dice, es el claro ejemplo de que se continua con la práctica de la tortura y, desde hace ocho años, en prisión preventiva sin sentencia; el lugar donde el indígenas está siendo juzgado se ubica a seis horas de distancia de donde está preso, entre otras violaciones a sus derechos.
