En un año de ejercicio, la 63 legislatura del estado, con el pretexto de homologar leyes federales con las locales o renuncias de funcionarios, ha descabezado tres órganos autónomos: la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la Auditoría Superior del Estado (ASE) y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas, depositarios de funciones estatales que se buscaba desmonopolizar, especializar, agilizar, independizar, controlar y/o transparentar ante la sociedad, a fin de fortalecer la división de poderes.
Además, mediante procedimientos que aparentan ser transparentes, se ha colocado en las mismas a funcionarios afines al Poder Ejecutivo, por lo que el equilibrio de poderes en la entidad corre el riesgo de romperse.
El 24 de abril del año en curso el Fiscal General de Oaxaca, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, presentó su renuncia, cuando aun le faltaban 28 meses para concluir su mandato constitucional, en medio de versiones públicas sobre la presión que recibía para retirarse del cargo.
Sin objeción
De acuerdo a la reforma del artículo 95 constitucional de 2015, la remoción podía ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso del estado dentro de un plazo de 10 días hábiles, en cuyo caso el fiscal general sería restituido en el ejercicio de sus funciones, pero si el Congreso no se pronunciaba al respecto se entendería que no existía objeción. Y no se objetó.
Por el contrario, el 12 de mayo a propuesta del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y con 39 votos a favor, el pleno de la 63 legislatura estatal designó a Rubén Vasconcelos Méndez como nuevo Fiscal General de Justicia del Estado de Oaxaca.
Adiós a la ASE
Para el caso del titular de la ASE, Carlos Altamirano Toledo, se utilizó la homologación del sistema estatal anticorrupción para despedir al funcionario del órgano autónomo.
El 31 de agosto los integrantes del Congreso aprobaron un paquete de leyes que constituyen el de marco legal al Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, en el que la ASE pasa a ser el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.
Altamirano Toledo recurrió entonces a la justicia federal para reclamzar su derecho a concluir el periodo por el que fue electo, le faltaba poco más de un año, pero finalmente presentó su renuncia, también entre rumores de que le fue exigida. Finalmente el 10 de septiembre con 32 votos a favor la legislatura local designó a Guillermo Mengchú Velásquez como titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OFSE). El nuevo titular del órgano superior de fiscalización fue secretario de finanzas en el gobierno de José Nelson Murat Casab.
En la sesión extraordinaria los diputados de Morena se retiraron de la sala inconformes con el proceso de selección del nuevo auditor. “Debía ser designado de manera transparente y abierta, para tener la certeza de un accionar distinto”, manifestaron.
Cambio de nombre, y caso arreglado
En el caso del Tribunal de los Contencioso y Administrativo el pasado 12 de diciembre el Poder Legislativo aprobó una iniciativa de reforma constitucional, también con el argumento de la homologación, que cambia de nombre a este órgano autónomo por el de Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca.
Otra novedad es que la reforma establece que el gobernado del estado está facultado para recibir las renuncias de los magistrados del tribunal, debiendo hacerlas del conocimiento del Congreso del Estado o de la Diputación Permanente para la aprobación, en su caso.
Y también que el titular del Poder Ejecutivo del estado tiene la facultad de designar a los magistrados del tribunal de justicia administrativa, mismos que deberán ser ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la legislatura. O lo que es lo mismo, pronto la cabeza de los actuales magistrados rodarán.
Los diputados ya encontraron la fórmula para sustituir a los titulares de los órganos autónomos: cambiar de nombre a los mismos y así, designar nuevos titulares.
