El ex titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, Carlos Moreno Alcántara, y sus ex colaboradores, Armando Espinoza Sánchez y Antonio Carrasco, “fueron enviados a prisión por una venganza política, ya que el delito no tiene prisión preventiva oficiosa y no consideraron el arraigo y trabajos que tienen en la entidad oaxaqueña”, consideró el abogado litigante Jesús Matías Hernández.
Consultado sobre la situación jurídica de los imputados, expresó que no recurrieron a la apelación en el Tribunal Superior de Justicia porque es una dependencia del gobierno que los envió a prisión, y por lo cual solicitaron un amparo ante un juez de distrito y con ello demostrar que son inocentes y que además la prisión preventiva no era la medida cautelar idónea, al existir otras más que son menos gravosas.
—¿En qué pruebas se basó la acusación de la Fiscalía Anticorrupción para ejercitar acción penal?
—En una auditoria de la contraloría que no concluyó que los detenidos tuvieran responsabilidad administrativa alguna. Esta auditoria tuvo por objeto prevenir o corregir algunas irregularidades administrativas, pero no tiene por objeto que se determinen presuntas responsabilidades penales.
El abogado Jesús Matías asegura que sus clientes saldrán libres.
El también catedrático de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, dijo que la fiscalía no investigó y sólo hizo suya la auditoría y su objetivo no es investigar para determinar alguna presunta responsabilidad penal, sino que lo que busca es mantenerlos en prisión preventiva como parte de una venganza política en contra del ex secretario de la citada dependencia y sus ex colaboradores.
—¿Porque se encuentran en prisión preventiva, si el delito de tráfico de concesiones, no es grave de prisión preventiva?
—Porque el fiscal pidió esa medida cautelar, alegando que existe presunción de fuga por falta de arraigo, porque el ex secretario nació en la Ciudad de México y los otros dos no tienen propiedades, y alegó que el delito por el que se le acusa tienen una penalidad de 10 años y el daño es de una cantidad económica de casi seis millones de pesos y por eso el juez de control les impuso tal medida.
Pero, -precisó- que con ello ya están prejuzgando a los imputados, además que los defensores de los tres imputados desvirtuaron los argumentos, ya que se demostró que los tres tienen arraigo, propiedades, vida familiar e intereses profesionales para no huir, pero el juzgador optó por la medida cautelar más gravosa fuera de toda lógica del sistema acusatorio que es la prisión preventiva, hizo de la prisión la primera opción en lugar de la última razón.
Tiran pruebas a la “basura”
Agregó que “todas las pruebas como documentales, periciales y testimoniales fueron tiradas a la basura para imponerles la prisión preventiva a pesar de que el delito de tráfico de concesiones es de índole patrimonial y ameritaba alguna otra medida cautelar distinta a la prisión preventiva, que fuera proporcional y acorde a la naturaleza del delito imputado”.
Explicó que los argumentos de la defensa y de los propios imputados de nada sirvieron, no fueron tomados en cuenta, porque había línea o indicaciones de que se les enviara a prisión preventiva y cuando esto sucede, de nada sirven los argumentos o las razones porque la suerte o el destino está decidido, por muy garantista que se llame el sistema acusatorio.
Sin acreditar daño
Con relación a que si quedó acreditado el daño que supuestamente ocasionaron al erario público de casi seis millones de pesos, el abogado aseguró que “no, porque no hay un dictamen contable de que esa cantidad haya dejado de ingresar al erario por la falta de pago de esas 502 concesiones que se dice fueron otorgadas de forma irregular, porque una cosa es lo que han dicho los medios y otra lo que hay en la carpeta de investigación.
—¿Qué hay en la carpeta?
—En esa carpeta hay dudas, no conclusiones de una investigación ministerial, porque la fiscalía anticorrupción no investigó. Con una auditoria de la Contraloría en menos de dos meses ya estaba pidiendo órdenes de aprehensión, cuando los detenidos en distintas ocasiones le pidieron a la Contraloría les diera intervención en esa auditoría para solventar posibles fallas.
Matías Hernández dijo que van a acudir a las instancias federales para lograr la libertad de los imputados porque no hay razones jurídicas para haberlos vinculado a proceso por ese delito de tráfico de concesiones, menos aún, para mantenerlos en prisión preventiva.
Demandarán reparación del daño
Mencionó que también demandarán la reparación del daño en forma integral con los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por haber acusado sin fundamentos probatorios, producto de alguna investigación científica a cargo de los órganos periciales del estado. “No podemos permitir que sigan con la cacería de brujas o cena de negros”, precisó.
Y concluyó que en las instancias federales realizarán las argumentaciones legales, constitucionales y jurisprudenciales a la luz de los estándares de Derechos Humanos para demostrar el cúmulo de irregularidades que corren desde la falta de “legitimación procesal de la persona que interpuso la denuncia, hasta la violación a los principios constitucionales de taxatividad o claridad en los tipos penal, la falta de tipicidad en la conducta que se les atribuye a los delitos, la violación a su presunción de inocencia que fue arrasado por la presunción de culpa, entre muchas otras.
