El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) ratificó la sentencia absolutoria dictada el 16 de diciembre de 2025 en favor de 21 indígenas chontales de la comunidad El Coyul, San Pedro Huamelula, región del Istmo de Tehuantepec, quienes habían sido condenados a 15 años de cárcel, así como a pagar una reparación de daños por 55 millones de pesos y una multa de 90 mil pesos, por el supuesto delito de despojo de tierras en perjuicio de la llamada Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul Oax S.C.
La Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) afirmó que con esta resolución, la defensa de la tierra, las playas, los manglares, la laguna y la selva del territorio demuestra no constituir un delito y sobre todo, representa una importante victoria frente a los intentos de criminalización y judicialización mediante la fabricación de delitos.
Expuso que la ratificación de la sentencia absolutoria fue posible gracias a la resistencia y organización de la comunidad, así como al acompañamiento solidario de numerosas personas, organizaciones, colectivos, pueblos y comunidades quienes durante años permanecieron atentos al proceso, denunciaron las injusticias y respaldaron su lucha.
De este modo, manifestó su agradecimiento a la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, a Front Line Defenders, al Frente de Organizaciones Oaxaqueñas (Foro), quienes brindaron seguimiento permanente al caso, así como a las organizaciones de derechos humanos, medios libres e independientes, juventudes, colectivos solidarios, así como a todos los pueblos y comunidades, participantes de la Caravana Mesoamericana por el Clima de la Vida e integrantes de la Iniciativa Internacionalista Los Espejos del Sur Global.
Sin embargo, sostuvo que la ratificación de esta absolución no pone fin al conflicto territorial de la comunidad, porque por el contrario, ante este resultado favorable, puedan incrementarse las presiones, amenazas, actos de hostigamiento o cualquier otra forma de agresión contra quienes defienden el territorio y exigen el respeto a sus derechos colectivos.
Por eso, responsabilizó de cualquier acto de violencia, persecución, intimidación, amenaza, acoso, hostigamiento, difamación o agresión en contra de los habitantes de El Coyul e integrantes de la APIIDTT, a Rigoberto Cruz Cartas, dirigente de la fraudulenta Sociedad Oax S.C., y responsable de haber desplazado a la verdadera Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul en febrero de 2023, así como a Alfredo Manuel Mena Alonso, representante de la llamada Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias Costa Istmo (Unecaci), organización vinculada a una red de venta ilegal de playas y tierras comunales en la zona.
Además, responsabilizó a Joel Ricárdez López, autonombrado dueño de las mil 452 hectáreas en disputa, por ser el principal impulsor del Proyecto Residencial Punta Faro, un desarrollo turístico que busca privatizar y destruir zonas de manglar, playa, selva y territorios de alto valor ecológico resguardados por la comunidad.
También, hizo un llamado a los organismos de derechos humanos, a las organizaciones sociales, a los pueblos indígenas, a los medios de comunicación y a las autoridades competentes a permanecer atentos ante cualquier situación que ponga en riesgo la integridad y seguridad de la comunidad y de las personas defensoras del territorio.
La APIIDTT dijo que la ratificación de esta absolución fortalece su determinación de continuar la defensa de la playa, los manglares, la laguna, la selva y la tierra en común de la comunidad.
