En la segunda mitad del siglo XIX, las costas del Pacífico mexicano no solo fueron testigos del incremento de las rutas comerciales internacionales sino también de las tensiones latentes entre los poderes locales, la soberanía estatal y la mirada fiscalizadora de la prensa nacional. El 16 de mayo de 1877, un siniestro marítimo perturbó la aparente calma de la Costa Chica. Lo que comenzó como una tragedia marítima pronto se transformó en un intrincado expediente judicial y político que involucró a la Secretaría de Gobierno de Oaxaca y a las principales autoridades del Distrito de Jamiltepec y Pinotepa Nacional.
El protagonista del drama fue el vapor norteamericano City of San Francisco. Según los reportes del incidente, el barco chocó contra el arrecife submarino cerca de Acapulco, encallando en la ensenada de la Escondida, perteneciente al estado de Guerrero, afortunadamente no se reportaron pérdidas humanas; toda la tripulación y los pasajeros fueron rescatados a salvo en una exitosa operación de evacuación, el barco quedo completamente destruido y su valioso cargamento se dio inicialmente por perdido en el mar. Aunque el accidente ocurrió en territorio guerrerense, la furia del oleaje del Pacífico no conoció fronteras estatales, pronto las corrientes marinas comenzaron a arrojar valiosas mercancías a lo largo de las playas de la Costa Oaxaqueña. Para las comunidades locales, este suceso activó una vieja costumbre no escrita: “el derecho de naufragio”. Desde tiempos virreinales, los habitantes de los litorales veían los restos que el mar devolvía como un recurso legítimo, un alivio providencial a su histórica pobreza. No obstante, para el naciente Estado moderno y liberal esta práctica no era más que robo, pillaje y una flagrante evasión fiscal.
Una carta anónima procedente de la capital estatal, acusaba a los habitantes de la Costa Chica de haber cometido actos de barbarie y pillaje tras el encallamiento del moderno vapor norteamericano City of San Francisco.
El expediente en resguardo en el AGEO se abre formalmente en octubre de 1877, pero su origen se remonta a una denuncia periodística que hizo eco en la capital de la República. El periódico El Federalista, en su edición número 2037 del 18 de septiembre de ese año, publicó una correspondencia alarmante, se aseguraba que varios pueblos de la costa Oaxaqueña se habían apoderado de los efectos que el oleaje arrojaba del naufragio y que prominentes vecinos de Pinotepa Nacional compraban estas mercancías a precios escandalosamente baratos, tachando la conducta de la región como propia de salvajes. Para el gobierno central y el estatal esto no era un asunto menor, implicaba una afrenta al comercio legal, un presunto delito y una falta de control territorial.
La reacción institucional fue inmediata, mediante el oficio número 271, la Secretaría del Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca instruyó el Jefe Político de Jamiltepec, Agustín Robles y Arenas, para que iniciara una averiguación escrupulosa destinada al esclarecimiento de los hechos y el castigo a quienes hubieran cometido semejante atentado. Cuando la orden llegó al escritorio de Agustín Robles y Arenas, Jefe Político del Distrito de Jamiltepec, la comunidad costera reaccionó con una mezcla de indignación y pragmatismo legal. Los comerciantes notables de Pinotepa Nacional no se escondieron; por el contrario, utilizaron la propia burocracia estatal como escudo. Se presentaron voluntariamente para bautizar la nota periodística con una palabra contundente “Calumnia”.
Es interesante observar que en un expediente las autoridades locales y el presidente municipal Diego Baños y el síndico Juan C., manejaron la verdad ante los ojos inquisidores del gobierno. No negaron el mar; admitieron que el océano había arrastrado cajas y bultos a las playas. Tampoco negaron la condición humana; reconocieron que los habitantes de las estancias costeras intercambiaban y vendían de forma ambulante lo que el mar les regalaba.
Los Archivos Históricos no son papeles en el olvido; son testimonios vivos de los conflictos, la cultura y la evolución jurídica y social del siglo XIX. En el Archivo General del Estado de Oaxaca (AGEO) encontrarás información importante. Para facilitar tu investigación, te esperamos en sala de consulta del Archivo Histórico Central.
