Para la directora adjunta de Consorcio Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Yesica Sánchez Maya, desde hace más de cinco años que Arturo Peimbert Calvo fue nombrado como consejero presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO), ésta se encuentra vacía, pues la mayoría del tiempo él no está presente.
Esa afinidad ha sido repetitiva: con el anterior mandatario Gabino Cué y en la actual administración, que se evidencia en la falta de acciones que busquen proteger los derechos humanos en contextos de violencia y riesgo, como la que se vive en la zona aledaña al basurero o la negación del derecho a la salud con el cierre de unidades hospitalarias que los propios afectados han señalado.
Si sumara todos los días en que está, si acaso llegarían a representar un período de seis meses, una sexta parte de su período. Que NOTICIAS Voz e Imagen de Oaxaca haya solicitado al área de comunicación de la DDHPO una entrevista desde hace diez días y todavía no se tenga respuesta, respalda su dicho.
Sánchez Maya, quien fue una de las 21 personas que se postuló como consejera presidenta de la DDHPO, ha visto que el actuar de Peimbert Calvo ha sido “más grave de lo que pensábamos” porque “no está en Oaxaca, es un defensor ausente que muy poco se ha metido a los casos importantes”.
Si la DDHPO solicitó una alerta de violencia de género que en julio aceptó el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a juicio de la activista, ésta carece de temporalidad y objetivo claro.
Además de que fue generalizada puede ser un paliativo “para lavarse la cara” porque no hay recomendaciones claras de la DDHPO contra la violencia de género que viven las mujeres en Oaxaca.
Ajeno a conflictos
Incluso, señala que “muchos casos los decanta” a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para “deslindarse” y “no querer entrarle a los asuntos”.
En el tema de violencia obstétrica, “emite alertas, pero no recomendaciones”. Que en la DDHPO no haya resultados “pasa por un no estar”.
Recordó que el Ombusmand oaxaqueño fue una imposición del anterior sexenio, por lo que su actuar sería “servil”.
Si en el actual sexenio no ha sido removido, es una tarea que ahora compete a integrantes del Congreso Local, evaluando su trabajo en cuanto a recomendaciones y cómo los 40 millones de pesos que tiene de presupuesto anual inciden o no en una verdadera defensa de los derechos humanos.
